¿Es que no podremos cambiar?

No creo en la política de calle arriba y calle abajo en el manejo de los temas que son esenciales para la gobernabilidad del país. Ella retrasa la solución de los problemas fundamentales del desarrollo de una nación y somete a su pueblo, incluso a toda una generación, a pagar el precio de la frustración al no ver resueltas sus necesidades básicas. Tampoco creo en los llamados cheques en blanco que toleran los excesos y abusos de los gobernantes de turno, con la excusa de que son los costos iniciales en su curva de aprendizaje.

La designación por parte del Ejecutivo de los dos nuevos magistrados a la Corte Suprema crea un mal precedente ante la opinión pública nacional y sobre todo para la comunidad internacional, que viene exigiendo la vigencia de una política de seguridad jurídica.

Al método de selección establecido por Ley, ya de por sí ampliamente cuestionado, y que merece de una vez por todas ser modificado, se suma la designación de dos figuras públicas que han sido criticadas por los gremios “ abogadiles ”, por las organizaciones de la sociedad civil, por los principales medios de información e inclusive por un sector dirigente del actual gobierno.

Por esa cultura del miedo a las represalias, muchos de ellos han recurrido a las “ redes ” para expresar, con libertad, sus reservas y condenar, incluso, ambas designaciones del Ejecutivo. Por lo que he leído, de ser ciertas esas acusaciones, les estamos entregando, por diez largos años, la mayoría del principal organismo de Justicia, a figuras sin representatividad profesional y con un pavoroso cuestionamiento sobre su objetividad a la hora de impartir Justicia. Es cierto también que la práctica nos dice que cada gobernante escoge el personal vinculado de alguna manera a sus deseos políticos y con un nivel de lealtad al menos quinquenal. Por lo leído sobre los dos designados, el tema de la lealtad, no lo veo muy claro.

Tengo entendido que de la larga lista presentada —unos 71 candidatos— solo unos cuantos podrían llenar el perfil que requiere la Corte Suprema, teniendo en cuenta el discurso por el cambio, que fue la bandera electoral del nuevo Gobierno. A mi pregunta de por qué no se presentaron los mejores, la respuesta fue cajonera, porque sencillamente hay incertidumbre, porque están ocurriendo hechos sin lógica, porque no hay capacidad de predecir cómo se manejarán muchas cosas dentro del Estado. Eso es preocupante, porque aparte de la legitimidad indiscutible del Gobierno, también hay una obligación para garantizar la gobernabilidad del país.

La gobernabilidad está basada en hechos, en diálogos, consultas y finalmente consensos. Si eso no se entiende, corremos el peligro de caer en una vorágine social de la que después no tenemos derecho a lamentarnos. Esto no es un juego de poder. El país transita en medio de una “ calma chicha ”. Como la magnitud de los problemas estructurales requiere de ese método de gobernabilidad, es importante que tanto los líderes del Gobierno como de la oposición busquen formas de comunicarse, al menos en lo concerniente a los temas que atañen a todo nuestro pueblo.

Si seguimos con este juego de calle arriba y calle abajo, no habrá vencedores, porque estamos sacrificando los intereses del pueblo, sustituyéndolos por luchas sectarias y de intereses partidista. Este pueblo tiene más información de lo que cualquiera se pueda imaginar y no necesita de ningún mesías para tomar sus propias conclusiones y actuar en consecuencia.

*Miembro del PRD.rvasquezch@cwpanama.net