Perfeccionando la corrupción

Panamá es un país con características que dudo tengan otros países. Por ejemplo, en nuestro país los rumores casi siempre son verdad. En nuestro país a través de las glosas, disfrazando nombres tras seudónimos, todo se sabe. Acá en los propios noticieros los comentaristas y presentadores se apoyan en personajes ficticios, como Casimiro, Abilia, Marcos, etc. para dar a conocer los últimos rumores y chismes del mundo político y económico. Por eso, al final del día, las denuncias de corrupción no extrañan a nadie, por meses durante los gobiernos, se escuchan los rumores de negociados, coimas, sobreprecios, etc. aunque nada sea investigado ni desmentido.

Al margen de los rumores que el pueblo maneja, está la habilidad de los funcionarios y políticos para ir perfeccionando y aumentando la rentabilidad de la corrupción. Si en el gobierno de Martín Torrijos se hizo la Cinta Costera 1, bautizada popularmente como la cinta coimera, un gobierno después. Lo que pudo ser cuestionado en la primera quedó sepultado en la tercera donde se licitó el tramo 3 por $786 millones SIN SABER por dónde pasaba. Sin diseño, sin especificaciones, y al final resulto ser marina, lejos del túnel que inicialmente se hablo. Si en el gobierno de Mireya Moscoso hubo quienes dudaron del costo real del puente Centenario, dos gobiernos después dos pasos elevados (Ricardo J. Alfaro y Transístmica) costaron cada uno más que el puente, y ni hablar del costo del paso elevado en Calle 50.

Los políticos evidentemente han encontrado como darle la vuelta al rechazo popular. Así, el gobierno de Guillermo Endara y luego el de Pérez Balladares tuvieron acceso a las ‘partidas discrecionales’, montos asignados a la Presidencia para ser utilizados discrecionalmente en casos de asistencia social urgente. Las críticas a estos manejos (pago personales, etc.) llevó a la presidenta Moscoso inicialmente a suspenderlas, pero luego tuvo que incorporarlas nuevamente, como también ocurrió con las partidas circuitales que se le daban a los diputados. De hecho, el manejo de las partidas circuitales en los gobiernos de Mireya y luego de Martín Torrijos, donde los diputados hacían uso de las mismas a través de sus ONGs y que fueron cuestionados estos usos, lleva a los diputados del gobierno siguiente a cambiar el procedimiento, y en lugar de manejar ellos sus partidas, diseñan un nuevo método donde se las daban a administrar a juntas comunales, a las que por manejo les dejan el 15% y bajo su dirección se usaba el 85%.

No hay duda que todo el esfuerzo era para poder seguir utilizando indebidamente recursos del Estado, en fin de cuenta si se requería un acueducto rural debió ser a través del IDAAN, un camino de penetración debió hacerlo el MOP, la compra de ambulancias el MINSALUD, etc. Al final del gobierno anterior, lo que sale a flote es que millones quedaron en manos de los diputados para sus campañas electorales. Y, de paso, el Presidente aprendió que sus partidas discrecionales no tenía que agrandarlas, simplemente podía utilizar adicionalmente recursos del PAN a su discreción. Al final de cinco gobiernos, tras el retorno a la democracia, los políticos hábilmente han llevado al país en franco retroceso, con menos transparencia, menos claridad de gestión, un encubrimiento cómplice de viajes, costos y delegaciones, un solapado nepotismo y el uso cuestionable de los fondos públicos en partidas circuitales, partidas discrecionales y programas del PAN.

Y las cosas han llegado al extremo, que ahora, con un gobierno comprometido con adecentar el servicio público, se mantendrán las partidas circuitales, se mantienen las partidas discrecionales y seguirá activo el PAN. Claro, todo bajo el manto (ya oído antes) que ahora se utilizarán los fondos con seriedad y responsabilidad y con la debida fiscalización. Panamá, hay que entenderlo, ha mantenido el axioma que ‘todos los gobiernos son iguales, todos roban’ y es difícil que un gobierno logre proyectar la honestidad total. Inclusive, cuando los gobiernos han ‘comprado’ concesiones siempre ha habido el rumor del negociado. Ocurrió con las privatizaciones del IRHE y el INTEL, de los casinos, donde los rumores colocaban como accionistas a allegados al gobierno de turno. Ni hablar de la recompra de los corredores donde hay documentos que buscan probar el sobreprecio pagado por el gobierno y ahora en el tapete la posible indemnización a MI BUS, aun cuando a todas luces no cumplieron con su contrato.

Si, hemos ido perfeccionando la corrupción. Ojalá este gobierno con un Federico Humbert, una Kenia Purcell, una Angélica Maytín y un Guido Rodríguez, logren al menos denunciar y desenmascarar a quienes pretendan seguir la fiesta.

ANALISTA POLÍTICO*