Cooperación internacional contra el crimen organizado

La delincuencia y la criminalidad que experimenta Panamá tienen múltiples causas: la incapacidad de retención en el sistema escolar; la exclusión de grandes sectores de población del goce derechos y beneficios sociales básicos; el crimen organizado, dentro del cual destacan el narcotráfico y el trasiego humano; la violencia doméstica; la proliferación y fácil disponibilidad de armas de fuego, entre otros. Con estas realidades, los agentes criminales multiplican su capacidad de penetración, influencia y dominio social.

Estos fenómenos perjudican gravemente la convivencia pacífica; el disfrute de los derechos humanos y las garantías constitucionales; el desarrollo de la población y la consolidación del Estado de derecho y del sistema democrático en nuestro país. Al respecto, la seguridad y el desarrollo son dos caras de una misma moneda democrática.

El narcotráfico es un importante factor detrás de gran parte de la violencia que nos afecta. Ya no es aplicable la visión trilateral de países productores, consumidores y de tránsito. Sin pretender soslayar la realidad de que existen naciones con mayor cantidad de consumidores y de recursos para pagar las drogas, ya la mayoría de nuestras sociedades experimentan un creciente intento del crimen organizado para penetrar y vulnerar la economía formal, las instituciones de seguridad, las de administración de justicia y las del aparato institucional de los Gobiernos.

La mayor parte de la droga que circula en nuestro país no es para consumo local; no obstante, se dispone de una mayor variedad de drogas de consumo entre las personas, en su gran mayoría, jóvenes. En el último año se ha registrado una proliferación sin precedentes de nuevas sustancias sicotrópicas que suponen desafíos no previstos para la salud pública, según la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito en su informe mundial correspondiente al 2014.

Nuestro país se esfuerza por evitar que toneladas de drogas sean traficadas a través de su territorio y sus espacios marítimo y aéreo. ¡Más de 350 tonelada cauteladas en 10 años! Y de manera progresiva, procura reducir el impacto destructor de la parte que ingresa a Panamá, cuya magnitud aumenta de manera importante.

Por otro lado, se ha dado relevancia al papel de la comunidad regional de naciones, en la esfera de la seguridad ciudadana. Además, se ha trabajado para producir una estrategia regional para la prevención de la violencia y la delincuencia, que reconoce al narcotráfico como el más grave factor causal. Sin embargo, debemos reconocer que la magnitud de la amenaza enfrentada, la avalancha de perjuicios que acarrea este delito y los recursos de que disponen sus propulsores, supera con creces la capacidad de nuestros países para enfrentarla.

El escenario actual, reclama el máximo grado de solidaridad internacional, en una amplia gama de ámbitos, además del económico, dada la evidente fortaleza de la amenaza en esta materia. También se requiere cooperación en el aspecto operativo, en lo referente al intercambio de información, la transferencia de experticias y de tecnología; al igual que en lo que tiene que ver con la prevención y el tratamiento de la población afectada.

La propuesta de Panamá, esbozada en la reciente reunión de la CELAC, para la creación de un Centro Interagencial de Seguridad Regional, pone de manifiesto la importancia de la cooperación internacional como medio indispensable para combatir la criminalidad organizada, y, en particular, el tráfico de drogas, en tanto que este delito, y el blanqueo de capitales asociado al mismo, presentan una naturaleza transnacional. Solo combinando esfuerzos regionales para preservar un clima de estabilidad social en nuestros países y empleando todos los mecanismos posibles contra el crimen organizado, podremos dar la batalla con éxito, siempre preservando nuestra soberanía e intereses nacionales.

Gracias al esfuerzo nacional desplegado, Panamá se ha colocado a la cabeza de los países de la región en el decomiso de drogas. También ha dado un paso decisivo al fortalecer las instituciones de la Fuerza Pública para elevar su capacidad para enfrentar la delincuencia y criminalidad. Al tiempo, procura avanzar en la protección de los derechos humanos y ciudadanos de los habitantes. Aún falta mucho por hacer para consolidar una estrategia de prevención de la violencia y la criminalidad.

Tal y como puede observarse, se trata de problemas similares en todos los países, Por tal razón, debemos combinar esfuerzos entre los pueblos y Gobiernos de la región para preservar la estabilidad social y utilizar los mecanismos de cooperación internacional para dar la batalla decisiva contra el crimen organizado. Podemos hacerlo y lo estamos haciendo.

ABOGADO