¿Deben proteger las autoridades a los panameños?

Cuando la Canciller Isabel Saint Malo de Alvarado dijo que quien pensara que ella iría a Washington a solicitar que sacarán a Waked de la Lista Clinton, que se olvidara, porque eso no era trabajo de ella. No se imaginó la avalancha de críticas que recibiría por tales comentarios. Creo que nadie le había pedido eso porque eso la convertiría en una especie de abogada del afectado, en este caso el ciudadano panameño Abdul Waked. Lo que procedía era simplemente exigir a sus pares norteamericanos que se hiciesen públicas las supuestas pruebas que sin conocerse han condenado de antemano a un nacional panameño. Más aún cuando de por medio estaba el inminente cierre de dos diarios, según la misma Embajada sin ninguna prueba de que hubiesen incurrido en ningún ilícito. Igual hubiese ocurrido si en Panamá se detiene a un norteamericano y se le mantiene detenido sin formularle cargo alguno: seguro que la Embajada de Estados Unidos pegaría el grito de inmediato en defensa de su nacional.

Esa egoísta actitud como que estaría convalidando la especie de crueldad norteamericana que consistió en haber extendido a La Estrella y El Siglo la licencia para seguir operando por seis meses más, el último día del plazo anterior, cuando ya los trabajadores se aprestaban a recibir sus prestaciones por cese de labores.

Pero la poca defensa que se brinda a los nacionales en este gobierno no sólo se encuentra en la Cancillería, que podría sumar otros casos. Hiperactivo como soy cuando me encuentro con una injusticia, la reporto de inmediato. Lo he hecho varias veces al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que me obligó presentar denuncia escrita (no aceptó que ahora las denuncias se pueden presentar por correo electrónico como las recibe ANTAI) del hecho que quería se investigara.

Desde varios años atrás he denunciado que hay jóvenes panameños, 100, 200 o 300, (en el interior deben ser muchos más) que son empleados como empacadores en los supermercados (Usé dos ejemplos Rey y Riba Smith, pero pueden ser más), pero que no reciben salario alguno. Viven de las propinas que buenamente les dan los clientes. En muchos casos cuando son pocos artículos no les dan nada. Tienen horarios; los uniforman; aceptan órdenes e instrucciones de personal de la empresa; les llaman la atención; pero no les dan salario. Algo totalmente fuera de lo legal. Aún espero que se haga algo al respecto para proteger los derechos de estos panameños, en su gran mayoría estudiantes universitarios.

Igual me ha ocurrido cuando salgo a comer afuera. Me encuentro sitios plagados de extranjeros; como si no existiesen panameños capaces de trabajar. Dirán que algunos extranjeros son más eficientes que los del patio; eso no es excusa para discriminar a nadie en su propio patio y violar la ley. Días atrás acudí a un excelente restaurante en Calle 75 San Francisco. Me atendió una jovencita colombiana a quien pregunté cuántos panameños laboraban allí: ‘Ninguno', enterándome después que al menos tres laboraban limpiando platos; una proporción de 10 a 3 en todo el sitio. Me comuniqué con el Director de Migración, quien me dijo que eso era labor de Mitradel, pero que enviaría un inspector a verificar. Hice lo propio con mi exalumna, la Viceministra de Trabajo, pero aún espero su respuesta. Creo que está molesta de tantas denuncias que le presento.

El artículo 17 de la Constitución señala taxativamente que ‘Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, asegurando la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir, y hacer cumplir la Constitución y la Ley'.

Infinidad de casos podemos encontrar donde esta inacción gubernamental se da. Días pasados en Boquete me percaté que artesanos ecuatorianos sin papeles, porque sólo tienen visa de turista de seis meses y carecen de permiso de trabajo, desplazan a los locales en sus ventas de artesanías que no encuentran apoyo en el Alcalde ni en la Autoridad de Turismo. Igual nos pasa con una humilde familia que quiere cancelar leonina concesión de cantera que explota un extranjero en La Chorrera y en el MICI no encuentran un inspector que visite el lugar y se percate que la concesión ya venció.

Un país así no puede avanzar. Aquí no solamente hay que darle seguridad jurídica y buen clima para sus inversiones a las grandes empresas. Hay que ayudar a los que más requieren de auxilio estatal para impedir el abuso de los que lo tienen todo; por eso se creó ACODECO y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, como se ha visto, es en todas las instancias donde la complicidad de las autoridades no puede seguir prevaleciendo. Es deber de las autoridades darle protección a panameños y extranjeros cuyos derechos sean vejados.

ABOGADO Y POLÍTICO