¿Aprendimos algo de Noriega?

Me di cuenta de que el fin de Noriega estaba cerca el 27 de noviembre de 1989, de regreso de Munich y Washington, al ser secuestrado por agentes del G-2 en Tocumen. Durante los extensos interrogatorios a los que fui sometido junto a Francisco Artola (q. e. p. d.), con mis manos esposadas y mi rostro cubierto con una capucha de fieltro que me asfixiaba, sentí un trato particular de los interrogadores: se referían respetuosamente a mí como ‘profesor'. Quizá algún familiar de ellos sería mi alumno. El nefasto régimen sucumbió tres semanas después con la innecesaria invasión, que tantos cientos de vidas costó y tanta miseria generó. Allí me di cuenta de que el final estaba cerca. Sin necesidad de invasión, por el creciente descontento de la oficialidad, en meses Noriega caería.

Llegaba la anhelada democracia; se acaba el temor de los panameños ante el terror infundido por quienes ejercían el mando. Se acababan los batallones de la dignidad; terminaban los Codepadis; había llegado el fin a la justicia militarizada y al nombramiento de jueces, magistrados y fiscales recomendados por los cuarteles. Se ponía fin a la especie de narcoestado en que habían convertido a Panamá. Se esperaban mejores días para todos. La clase política que reemplazaba en el poder a los tiranos, juró cumplir la Constitución y la Ley. Se comprometió a respetar los bienes públicos y no usarlos sin control como lo hacían los militares. Prometieron que serían los mejores los que gobernarían.

Han pasado seis elecciones. ¿Aprendimos las lecciones que la caída de Noriega en 1989 debió darnos a los nuevos gobernantes? ¿Estamos igual o peor que antes en materia de institucionalidad democrática? ¿La clase política cumplió con lo que la sociedad dijo estar harta con los militares? ¿Fuimos fieles en darles un país estable a las nuevas generaciones, con justicia y sin impunidad? Mi respuesta, con un profundo dolor, es un rotundo ¡NO!

Es verdad que en esas seis elecciones se han respetado los resultados presidenciales. Sin embargo, el uso de los recursos públicos para favorecer a los que están en el poder ha sido peor que durante las elecciones de 1980, 1984 y 1989, en tiempos militares. Se ha seguido comprando votos y conciencias al igual se hacía antes del golpe de 1968, lo que ha dado resultados viciados para diputados, alcaldes y representantes; peor aún, sin ningún castigo por los delitos electorales cometidos. El Tribunal Electoral, sin control previo de la Contraloría, se ha convertido en un pastel que se reparten los tres magistrados, inclusive hay uno investigado por graves delitos, lo que lo hace completamente vulnerable.

La llamada Corte de lujo que se nombró tras la invasión, terminó no siendo tan brillante cuando hubo que juzgar a un magistrado que permitía que su hijo ejerciera el cargo por él y no se pudo destituir porque los panameñistas lo consideraban uno suyo. Los nuevos magistrados, con contadas excepciones, han sido designados por su filiación partidista o su amistad con el mandatario de turno. Vemos el resultado: uno detenido y otro que renunció antes de que lo detuvieran. La procuradora días atrás dijo que la Corte no la ayuda en agilizar las investigaciones.

Se criticaron las partidas circuitales que desde 1984 le dieron a los entonces legisladores y que a los del PRD nunca llegaron a 250 mil por cabeza. Ahora 403 millones dados alegremente en el periodo pasado —a todos— nunca sabremos su uso porque no lo quiso investigar la Contraloría. Criticábamos que por la injerencia de los cuarteles no había independencia de los poderes del Estado, y lo que vemos hoy es una total sumisión del Legislativo al Ejecutivo, y un Judicial que pareciera bailar al son que les tocan. Censurábamos que los rectores de la Universidad de Panamá fueran impuestos por los militares, pero cambiamos a un rector que reinó por más de 20 años, con toda clase de denuncias por malversación.

Sí es cierto que hemos crecido económicamente. Que seamos uno de los países que mejor le va en América Latina. Que la ciudad de Panamá se ha convertido en otro Miami, aunque muchos cuestionan los orígenes de los dineros que permiten tantos edificios lujosos. Pero igualmente cierto es que la gente pobre sigue pasando páramos. Quisieron arreglarle el transporte, y sabrá Dios cuánto se robaron para salir de los ‘Diablos Rojos', haciéndonos olvidar los desastres que Torrijos hizo con aquellos buses españoles que trajeron. La salud sigue pésima y la educación sigue formando a panameños sin conciencia social y sin saber cuál será su futuro. Las protestas por reclamos sociales nos abundan.

La seguridad anda manga por hombro, en muchos casos porque se permitió que se politizaran los estamentos de la Fuerza Pública. Hasta nombraron a uno que hubo que destituir por participar en un acto del Partido Panameñista; a otro lo nombraron a pesar de haber sido destituido antes. La penetración de los carteles de la droga en la sociedad, ha sido muy grande; incluyendo en la misma Policía Nacional, la clase política y mucha clase pudiente que se esconde en el anonimato, donde festinan con el lavado de dinero.

Para los gobernantes ‘democráticos' la comodidad ha sido el mejor camino, quizá por falta de compromiso político con el bien común o por pensar que era imposible romper con las estructuras de corrupción e ilegalidad que han ido royendo las bases de la sociedad panameña. Penosa la clase de país que veo se está legando a las nuevas generaciones.

POLÍTICO Y ABOGADO.