¿Ciudad humana y sostenible?

Después de oír las palabras de la vicealcaldesa para abrir la conferencia sobre los espacios públicos, descubrí que vivo en otra ciudad. Dijo: ‘Finalmente ya estamos construyendo la ciudad donde queremos vivir'.

Yo vivo en la ciudad donde está Juan Díaz, una comunidad donde los residentes no duermen cuando llueve, por temor a ser barridos junto con su familia, incluyendo niños y ancianos, por una inundación. Situación provocada por la ocupación y relleno ilegal de manglares especificados en el Plan de Ordenamiento Territorial como ÁREA NO DESARROLLABLE y protegidos por varias leyes. La solución temporal de la administración municipal para residentes, atropellados por el tráfico de influencias, y sus derechos, contemplados en la Constitución, violados por quienes deben garantizarlos, ha sido instalar una regla milimétrica para indicarles que cuando el agua llega a ese nivel deben salir huyendo. El Gobierno tiene planes de invertir 48 millones de dólares para ‘supuestas' soluciones a la situación; inversión que pagarán contribuyentes, incluyendo los afectados, y no los que provocaron el problema.

Vivo en la ciudad donde existe Pedregalito, Concepción, en peligro como Juan Díaz, por rellenos de la compañía KETEL por encima del nivel de los techos de esas comunidades. Impiden a las comunidades el derecho a la ventilación cruzada y directa de vientos, obstaculizada por rellenos y muros, permitidos por funcionarios incompetentes y corruptos. Villa las Acacias y Altos de las Acacias, que se inundan también, después de rellenos realizados por Provivienda. ¿Conocerán los ingenieros del MOP qué es un estudio hidrológico? ¿Los hubo?

Condado del Rey y El Crisol donde, al igual que en Juan Díaz, está en peligro la vida de los residentes y afectada gravemente la propiedad privada y el bienestar de personas. En Crisol fueron construidos edificios de apartamentos de 30 pisos sin planos aprobados. Claro tráfico de influencias, lo que es corrupción.

No existe un barrio dentro de esta ciudad que no esté agredido por permisos irregulares a construcciones y rellenos, ocupación ilegal de espacios públicos, violando leyes, normas urbanísticas, de seguridad, invadidos por comercios (MICI, violando la ley), actividades de todo tipo, incompatibles con un barrio residencial. La ORDEN: construir e instalar negocios cómo sea y dónde sea. A estas agresiones al habitante, agreguemos el inhumano sistema de transporte y absurda movilidad, tampoco solucionados por intereses involucrados en ello. Ruidos de frenos de motor de mulas y equipo pesado, música alta, aviones en Albrook, y otros que invaden el espacio privado de cada uno; ruidos prohibidos y multados en ciudades civilizadas. Mientras en ciudades avanzadas se está eliminando el automóvil de gasolina y diesel, aquí estamos construyendo estacionamientos, devastando lo que queda de nuestra exuberante naturaleza. Todo esto, estafa y agresión, devaluando propiedades, que tomó fuerza en el Gobierno anterior y seguida intensamente por este Gobierno. Lista interminable de demandas por estas arbitrariedades.

La vicealcaldesa vive en la ciudad donde se invierten más de $90 millones para remodelar aceras mal construidas, ver altura de ellas en relación a la calle; desniveles en la superficie frente a Banco Nacional; contratadas a una compañía en riesgo financiero por escándalo internacional por corrupción; otros millones maquillando ciertos barrios, remodelan e instalan aire acondicionado a dos mercados, Felipe Neri y del Marisco, visitados también por turistas; instalan basureros especiales en el Casco Viejo, en el Cangrejo y áreas maquilladas, se construye un puerto de cruceros por 84 millones; pero no están cubiertas necesidades básicas de la población, que son prioridad, como acueductos, infraestructura de agua potable, aguas servidas, tendido eléctrico, servicios especiales, calles y aceras, asistencia médica, escuelas, etc. En el corregimiento de Tortí un cura no consigue B/50 000 para hacer un acueducto para una comunidad. Otras tienen agua una semana y la otra a ver qué hacen. No se respeta la vida de personas, barrios residenciales, propiedad privada ni leyes.

El presidente, violando la Constitución, crea una Comisión de Construcción para tomar decisiones que competen exclusivamente al Municipio.

Administraciones estatal y municipal verdaderamente incapaces y malintencionadas que llevarán al país y a la ciudad a una verdadera desgracia. Violar la ley es corrupción.

La injusticia es violencia y toda acción tiene una reacción. Si la acción es violencia, así será la respuesta. Esa es la ciudad que estamos construyendo: una ciudad inhumana e insostenible.

Actuemos como ciudadanos. Nadie tiene que recibir como limosna lo que por derecho le pertenece.

Si no respetan nuestros derechos claramente descritos en la Constitución ni leyes, tampoco tenemos que aceptar como legítimos esos puestos de votación popular. La legitimidad en esos cargos la pierden desde el momento en que violan la ley y nuestros derechos.

ARQUITECTA