Preocupaciones sobre la lucha contra la corrupción

La lucha contra la corrupción no está solo en la normativa penal panameña, la corrupción esta dentro de la sociedad como una peste que nos carcome las entrañas.

La corrupción pasa por el ciudadano que le ofrece veinte dólares a un policía para que no le ponga una boleta o por el que consigue paz y salvos en las instituciones para que usted no forme filas. Es tan corrupto el que roba un millón como el que paga para agilizar un trámite por un Estado ineficiente en la prestación de servicios públicos.

Me preocupa que cuando hablamos de muerte civil y de tantas leyes que endurecen la conducta delictiva no nos enfocamos en proponer iniciativas importantes para evitar que estos hechos ocurran; castigando a las personas más humildes, para crear la sensación de que se hace algo, sin castigar a los que verdaderamente cometen actos que lesionan a la patria, pero reciben el nombre de lobistas, cabilderos u otras cosas que también puedan ser consideradas corrupción.

Antes de pensar en las sanciones, debemos analizar qué leyes necesitamos para proteger al país y que las leyes sancionadoras de verdad puedan ser efectivas en su aplicación y que las mismas, en virtud de la sanción, puedan ser efectivas como lo son:

Primero, Panamá necesita una ley de contrataciones públicas donde no solo se vea calidad y precio de lo que se paga, sino que el Estado se comprometa a pagar a tiempo.

Una de las razones que permiten la existencia de expedientes como el de Blue Apple es que el Estado no paga intereses por mora, es un mal pagador, esto hace que se utilicen figuras como la del factoring o el amiguismo para poder cobrar coimas, obligando al empresario a pagar un alto costo financiero y que conste, esto no es justificación para un atraco.

Si el Estado se compromete a pagar en 30 días y no cumple por su ineficiencia, deberá pagar los intereses y que estos sean iguales a los que pagamos los ciudadanos cuando no cumplimos nuestros pagos a tiempo.

Segundo, Panamá necesita una ley que regule los conflictos de intereses, no puede ser que a usted lo nombran ministro hoy y la empresa en la que trabajaba se gana un contrato para dar asesorías financieras y legales al Estado, esto ocurre entre los grandes bufetes o firmas de asesoría, pero no se ve como corrupción porque ocurre arriba en las altas esferas.

Tercero, una ley de carrera administrativa que surja del verdadero acuerdo de la clase política. El Gobierno debe pagar bien para exigir un buenos servicio de sus funcionarios; hay salarios en la administración pública que dan pena, pero que son necesarios.

Cuarto, una ley que regule a los cabilderos. Entendido como cabilderos o lobistas a una empresa o un ciudadano que representa a un grupo de intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir ante la Administración Pública para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad. A esto se dedican en Panamá grandes firmas de abogados, y otros particulares.

En Estados Unidos es una conducta legal y tiene una tarifa establecida y además sus limitantes, porque con esta falta de regulación en Panamá se dan expediente como el del Tío Pipo en riegos de Tonosí que todos lo conocimos, pero ¿cuántos otros no existirán que hayan hecho lo mismo?

Quinto, que se implemente una carrera judicial en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, donde quienes ocupan cargos sean personas idóneas, además de que exista un mecanismo de contratación de peritos con las competencias necesarias para entender cómo evoluciona el crimen. Muchas veces nuestros fiscales y jueces, por falta de conocimiento mercantil o en otras materias, pueden confundir una conducta empresarial calificándola como un delito, vulnerando así derechos de terceros. Ojo, esto no es eximente de responsabilidad al atraco que muchos han cometido.

La ley penal solo se aplica cuando se descubre o se investiga un hecho, pero, si no existe un andamiaje que la prevenga, igual hablaremos de corrupción en nuevas modalidades. Lo que hay que hacer es adecentar las estructuras de poder; además, revisar el comportamiento de la sociedad y nuestra propia forma de hacer negocios en Panamá.

ABOGADO