Universidad y culpa administrativa

La crisis institucional que se evidencia en nuestro país, irrespeta el marco constitucional, no permite que las cosas marchen bien, y ya se percibe en las universidades estatales de nuestra provincia de Colón. A veces, quienes detentan el poder y administran nuestras instituciones cometen desafuero, violan derechos y atentan contra el Estado democrático o legal. En este sentido, cabe destacar que la culpa administrativa es un elemento de tipo penal.

Optar por la Lic. en Investigación Criminal y Seguridad en la Universidad Especializada de las América (Udelas), extensión Colón, amerita como requisito sui géneris haber culminado todas las asignaturas correspondientes al Técnico en Investigación Criminal y Seguridad. Lamentablemente, la realidad dista mucho de lo correctamente legal, según los esta tutos de esta institución pública.

Como muestra un botón, algunos estudiantes en el verano 2018, con más de una materia pendiente, accedieron a matricular asignaturas propias de la licenciatura. Sin embargo, la nota contrastante es que a otros en igual condición se les negó la oportunidad de avanzar, al menos así lo corroboran las evidencias. Ello, trastoca la equidad e igualdad de oportunidades, aun cuando nuestras instituciones judiciales se presten para la impunidad.

Ante los reclamos, que no se hacen esperar, la administración de esta entidad aduce desconocer dicha realidad, adjudicando posible causal de esta irregularidad al sistema informático de la universidad. De hecho, es bien sabido que dicho sistema informático es manipulado por funcionarios, lo que pudiera entenderse como pase de factura, represión u hostigamiento, sobre todo, si existen antecedentes de desavenencias académico-administrativas (interposición de quejas).

De haber sido un descuido por parte de la Secretaría Académica, sin duda, aparece la figura de la ilegalidad, por tanto, hay culpa o responsabilidad administrativa, tanto subjetiva como objetiva. Lo ilegal entra en escena, se torna perjudicial, lesiona, vulnera garantías fundamentales y derechos humanos de los alumnos afectados. En consecuencia, el perjuicio tiene un efecto colateral que intencional o no, afecta económica y psicológicamente al estudiantado involucrado.

Bajo estas circunstancias, son cercenados los principios de igualdad y equidad que todo Estado democrático de Derecho debe procurar a sus ciudadanos. De allí que ‘La responsabilidad administrativa es un valor que está en la conciencia de los servidores y funcionarios, y como tal, dicha responsabilidad les permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano moral'. (Frei, 2010).

En suma, las universidades estatales son instituciones de índole social, para la nutrición intelectual de todo ciudadano con sueños, metas y esperanza de profesionalización. Jamás, sus administradores deben prestarla para la represión y violación de los Derechos Humanos, mucho menos en nuestra golpeada provincia de Colón, pues en estas entidades estatales subyace la nata de la intelectualidad que aploma y da esperanza a Colón.

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