Panamá,25º

15 de Dec de 2019

Aristides Royo

Columnistas

Razón jurídica y sinrazón educativa

Es la Universidad la que decide cómo formar a quienes acuden a sus aulas con el fin de estudiar una carrera

El Dr. Eduardo Flores, rector de la Universidad de Panamá, ha interpuesto demandas de inconstitucionalidad contra artículos de cuatro leyes que prescriben la impartición de varias asignaturas en nuestra más alta casa de estudios. Las excertas legales son la siguientes: Ley 10 de 1992 sobre Educación Ambiental; Ley 25 de 2000 que incluye la materia de Español; Ley 42 de 2002 relativa a la Historia y Geografía de Panamá; Ley 2 de 2003 que ordena la enseñanza del Inglés y la Ley 37 de 2015, en la que se plasma la vieja aspiración de que los estudiantes panameños que estudien cualquier carrera en universidades oficiales o particulares, adquieran conocimientos de la Historia de las Relaciones entre Panamá y Estados Unidos.

Las demandas impetradas por el rector se fundamentan en que el artículo 103 de la Constitución Política de Panamá consagra la autonomía de la Universidad de Panamá y le concede a esta institución la facultad de organizar sus estudios en la forma que determina la Ley. Esta Ley es la 24 de 2005, Orgánica de la Universidad de Panamá, en la cual se estipula que es esta entidad la que organizará sus estudios mediante sus órganos de gobierno competentes. Según el máximo representante de la Universidad de Panamá, tiene que ser esta la única que puede disponer qué asignaturas son las que componen el estudio de una carrera y cualquier ley que incluya asignaturas viola nuestra Carta Magna.

Creo que basta con lo hasta ahora expuesto para deducir que al rector magnífico de la casa de Méndez Pereira le asiste la razón jurídica, aunque es la Corte Suprema de Justicia la que deberá decidir sobre las demandas presentadas. Es la Universidad la que decide cómo formar a quienes acuden a sus aulas con el fin de estudiar una carrera.

Sin embargo, creo que si lo que se pretende con las demandas de inconstitucionalidad no es solamente que se decida quién debe determinar lo que se enseña en la Universidad, que reitero es esta la responsable y no la Asamblea Nacional, sino que en el trasfondo se desean eliminar las enseñanzas del Español, la Historia de las Relaciones de Panamá y Estados Unidos, la Historia y Geografía de Panamá, el idioma Inglés como segunda lengua y la Educación Ambiental, los responsables de la Universidad de Panamá incurrirán en una grave equivocación.

Universidad viene del término ‘universitas', que es un concepto no restringido, sino abarcador. ¿Deseamos los panameños que quienes estudian una carrera solamente adquieran conocimientos sobre la misma o que los estudiantes también adquieran saberes que contribuyan a su formación integral? ¿Debe el médico solamente saber cómo se curan las enfermedades o el ingeniero la construcción de puentes y el abogado las leyes y los procedimientos judiciales? ¿No nos interesa que ese profesional que acude a prepararse para la vida también pueda utilizar el idioma más utilizado en el mundo, que conozca cómo fueron las luchas de nuestro país para recuperar nuestra plena soberanía y lograr que el Canal fuese panameño? ¿Es que cuando vemos los errores ortográficos que se cometen en los medios de comunicación, en los escritos que se presentan ante tribunales, ministerios o en las actividades privadas, no aspiramos a que hablemos y escribamos mejor nuestra lengua que además es utilizada por más de quinientos millones de personas? ¿Es que además de buenos médicos, ingenieros o abogados, no aspiramos a que cuando los estudiantes de las distintas carreras egresen de nuestra universidad convertidos en profesionales, tengan una mejor formación cultural?

Ojalá que el objetivo de las demandas sea el reconocimiento de la autonomía universitaria en la organización de sus estudios y que las autoridades académicas no olviden que uno de los principios de la educación consiste en formar mejores ciudadanos, aptos en el ejercicio de sus carreras, pero conocedores también de un segundo idioma, de la historia patria, de los problemas ambientales y muy especialmente del idioma común que es una de las características de nuestra nacionalidad. Abrigamos la esperanza de que, no por tener la razón jurídica, en este caso amparada, según mi modesto criterio por la Constitución, se cometa una injusticia y se incurra en una sinrazón educativa.

EL AUTOR ES EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ABOGADO Y MIEMBRO DE LA ACADEMIA PANAMEÑA DE LA LENGUA.