Los vientos agoreros de la corrupción

Uno de los más recientes escándalos de corrupción, relacionado con el cobro a extranjeros por la expedición de documentos de paz y salvo, pese a que estos no tenían costo alguno, sacudió nuevamente a nuestra sociedad, caracterizándola como formada por elementos inescrupulosos en su afán de hacer dinero.

Es lamentable que estos escenarios de latrocinio, en todas las modalidades y en distintos niveles del funcionariado, perjudiquen el buen nombre de cantidad de ciudadanos que laboran honestamente en sus respectivos puestos de trabajo.

Así como catalogan a ciertos empleados en la Dirección General de Ingresos, DGI, como rebuscones, mafiosos o ladronzuelos, asimismo califican a quienes desde la Caja de Seguro Social, CSS, son cómplices del robo de cuotas de los obreros, mediante el subterfugio de un programa digital que les facilitaba el pago, pero que lo utilizaron para todo lo contrario: no pagar y robarse los dineros descontados de los salarios de los trabajadores. Este es considerado nuestro robo del siglo, porque se calcula que las investigaciones, si se realizan a fondo, pueden sumar más de 300 millones de balboas.

Y si a este inaudito hecho le sumamos otro escándalo, en la misma CSS, de otorgar falsas afiliaciones, a través de planillas fantasmas, también en favor de extranjeros, tristemente estamos en el medio de un ámbito nauseabundo de corrupción, del cual no se escapa Migración.

Estos malabarismos para hacer dinero no tienen límite.

A pesar de que nos ufanamos de manejar el Canal interoceánico mejor que los propietarios anteriores, la crisis entre los capitanes de remolcadores y la administración de uno de nuestros principales recursos tiene el trasfondo de intentos por tercerizar servicios fundamentales, con maniobras que necesariamente invitan a considerar coimas por debajo de la mesa. Miembros de la junta directiva del Canal, objeto de procesos judiciales, no contribuyen a que se piense que hay transparencia en la administración del Canal.

E stamos frente al más grande descalabro de nuestras instituciones gubernamentales y de empresarios tramposos que han hecho fiesta con dineros que le pertenecen a todos los panameños.

Los casos de malversación y desfalcos, de los Gobiernos de Martinelli y el actual, nos indican que estamos inmersos en una sociedad podrida por unos cuantos, y que, si no se imponen los correctivos a tiempo, lo cual dudamos por la actuación de quienes manejan la justicia, los vientos que se avecinan no serán los mejores para la sociedad panameña.

PERIODISTA