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15 de Oct de 2019

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Guillermo A. Cochez

Columnistas

A 10 meses de las elecciones

La no existencia de una Fiscalía Electoral beligerante, propicia la impunidad en esta materia.

La ola de escándalos suscitados alrededor de la clase política en los últimos años hace temer nuevamente que se seguirán usando recursos del Estado para favorecer a candidatos oficialistas y opositores en la contienda de mayo de 2019. Bueno, pueden argumentar que son consistentes en lo que hacen y eso, dirán que es positivo. Buen chiste.

No es un secreto que todas las planillas que se han conocido de la Asamblea Nacional sirven, en gran parte, como el apoyo que reciben actuales diputados para realizar sus trabajos proselitistas. Es por ello esencial, para lograr algo de transparencia en los comicios venideros, que la Contraloría mantenga el control de impedir el uso de esas planillas y otros gastos para fines ajenos al hemiciclo legislativo.

Las normas y controles del Tribunal Electoral, que ha emitido para impedir que las autoridades se aprovechen de actos públicos para favorecer sus candidaturas, son esenciales para evitar situaciones como las de las elecciones de 2014, cuando el oficialismo abusó de los recursos públicos para favorecer a sus candidatos. La no existencia de una Fiscalía Electoral beligerante, propicia la impunidad en esta materia.

La dispensa de 300 millones que ha solicitado el presidente Varela, con el cuento de aumentar el déficit permitido para poder terminar obras en su Gobierno, se percibe como mecanismo para disponer de dinero para favorecer a oficialistas para la campaña de 2019.

Es lamentable que a 10 meses de las elecciones solo existan en el panorama las típicas peleas internas para determinar quién será el candidato. No hay propuestas ni planes concretos a aplicar en caso de accederse al poder. Controlados los grandes partidos por diputados, pareciera que solo les preocupa mantener el statu quo en 2019. Ello profundizará aún más la grave crisis institucional que vive el país.

La única propuesta firme y constante que se ha hecho es la del expresidente Pérez Balladares, quien repetidamente ha planteado la necesidad de convocar a cambios constitucionales inmediatamente se instaure el nuevo Gobierno, reformas que incluyan una revolución en materia de educación y de salud y un plan de seguridad nacional, donde participen todos los sectores de la sociedad panameña.

Los demás precandidatos, inclusive los del mismo PRD, pareciera que buscan más de lo mismo. Ni decir los del oficialismo que a toda costa propician un mecanismo para repetir en el Gobierno, algo que nunca ha pasado en nuestra reciente democracia. La llegada de Martinelli hace impredecible el saber quién será el candidato de su partido, aunque, quien sea, vendrá más que con ánimos de construir, con ánimos de destruir a los que, según ellos, tantos daños les hicieron.

Curiosamente, faltando tan poco para las elecciones, un propósito se va abriendo pasos entre los electores: ansían un cambio profundo que impida que se siga considerando la corrupción como una política de Estado, sin la cual los políticos no pueden funcionar. El país requiere del liderazgo que le ha faltado. Del ejemplo que no ha tenido en sus dirigentes. Pero, sobre todo, de la guía de un estadista con preparación y disciplina para poner el orden que este país requiere. Estoy seguro de que encontraremos ese camino.

ABOGADO, POLÍTICO Y DIPLOMÁTICO.