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10 de Dec de 2019

Carlos Ayala Montero

Columnistas

La prima de antigüedad de los servidores públicos

Desde 2013 la Ley 127 reconoció una prima de antigüedad a todos los servidores públicos al desvincularse de la administración pública por cualquier causa

En estos días, cuando se habla de bonos, aguinaldos, jamones gratis y/o baratos y otras formas voluntarias de reconocimiento a la labor de los trabajadores, conviene recordar que existen derechos descritos en la ley que no se cumplen o se cumplen a regañadientes, como lo es la prima de antigüedad de los servidores públicos.

Desde 2013 la Ley 127 reconoció una prima de antigüedad a todos los servidores públicos al desvincularse de la administración pública por cualquier causa. Luego esa Ley fue sustituida por la Ley 23 de 2017 que reconoce ese derecho, a razón de una semana de salario por cada año laborado al servicio de la administración pública. Esta prima de antigüedad fue reconocida por el Código de Trabajo para los trabajadores del sector privado desde 1972, es decir, llegó al sector público con más de 40 años de retraso, lo que se traduce en una discriminación sin ninguna justificación, prohibida por todos los tratados de derechos humanos y por los Convenios y la política internacional de la Organización Internacional del Trabajo.

Pero la prima de antigüedad de los servidores públicos se ha convertido en letra casi muerta, pues las autoridades no la cumplen, la mayoría de los servidores públicos ni siquiera saben que existe y la administración de justicia la hace cumplir en escasas ocasiones. La consecuencia de esto es que la mayoría de los trabajadores que se han retirado del servicio público durante los últimos cinco años no han recibido el pago de su prima de antigüedad y en algunos casos, lo han recibido incompleto, debido a interpretaciones subjetivas de las autoridades, por lo que la Corte Suprema de Justicia ha tenido que ordenar el pago de dicho derecho en los términos que establece la Ley.

‘Lo más malo de la gente mala es el silencio de la gente buena', indicó con gran acierto Mahatma Ghandi. Al aplicar esa frase a la realidad que describimos, tenemos que más de 20 000 servidores públicos se ha ido a sus casas o a la tumba en los últimos cinco años sin recibir el derecho de su prima de antigüedad, que si tomamos en cuenta el salario mínimo vigente en el sector público, que es de seiscientos balboas mensuales y la tasa promedio de estabilidad en el sector público, de entre 12 y 15 años, conlleva a una pérdida percápita de más de dos mil balboas que debió recibir cada trabajador que se retiró en este periodo.

El derecho a la prima de antigüedad de los servidores públicos, que originalmente fue reclamado por la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fenasep), llegó en 2013 de la mano del interés político clientelista de la administración Martinelli para beneficiar a sus copartidarios, pero fue luego frenado por la administración Varela, extendiendo la no aplicación del derecho a todos los servidores públicos y finalmente, esta administración, aprobó retomar el derecho de la prima de antigüedad para evitar que los servidores públicos se retiren ‘con una mano adelante y otra atrás', pero simplemente no se aplica, dejando colgados a más de 200 000 funcionarios sin ese derecho.

En ausencia de organizaciones gremiales y/o sindicales que reclamen con firmeza la aplicación de las normas que contienen estos derechos, las autoridades han recurrido a toda clase de interpretaciones u omisiones para evitar el pago de esta prima, en medio del despilfarro de dinero en asuntos inocuos y la corrupción que para todos es conocido. Lo cierto es que solo las autoridades judiciales han podido obligar al Estado a pagar la prima de antigüedad en los pocos casos que llegan a los estrados judiciales y así seguirá ocurriendo, en virtud del silencio de la gente buena.

EL AUTOR ES DOCTOR EN DERECHO DEL TRABAJO Y PROFESOR UNIVERSITARIO.