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18 de Oct de 2019

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Roberto Antonio Pinnock Rodríguez

Columnistas

Culturas enemigas, clases sociales enemigas

La inversión capitalista no puede realizarse si no es atomizando

Eduardo Galeano nos recordaba, en sus últimas crónicas (2012), que a fines del siglo XIX el Congreso de los EUA —para justificar la usurpación de las tierras de los indios sioux, por parte de los poseedores del gran capital y de su Estado— declaró que ‘La propiedad comunitaria resulta peligrosa para el desarrollo del sistema de libre empresa'. Y de verdad que —desde el punto de vista de estos dueños del capital— tenían razón.

La cultura de los sioux, en tanto perteneciente a una clase social de trabajadores del campo —es secundaria su identidad como nación o etnia— tenía posesiones territoriales que ponía en común para sacarle el mayor beneficio social. Este modus vivendi generaba normas, tradiciones que se convirtieron en una cultura, en su cultura, de carácter comunitaria; la cual, al decir de Galeano, ‘no divorcian al hombre de los demás hombres ni de la naturaleza' (Galeano, 2012).

El asunto es que para la lógica del capitalista, una sociedad que reproduce esa cultura centrada en la solidaridad y no en los becerros de oro construidos por la codicia, chocan inevitablemente. No hay posibilidad de entendimientos, de encontrar el ‘justo medio'. La inversión capitalista no puede realizarse si no es atomizando, convirtiendo en añicos no solo las posesiones materiales de los trabajadores o de otros propietarios de menor peso, sino también las inmateriales, para su provecho acumulativo. Todo lo convierte en mercancía, para poder negociar y despojar de manera legalizada.

En marzo de 1979 —nos dice Galeano en la misma obra— se promulgó en Chile una ley que obligaba a los indígenas mapuches a parcelar sus tierras, y a convertirse en pequeños propietarios desvinculados entre sí: entonces el dictador Pinochet explicó que las comunidades —con cultura comunitaria, claro— son incompatibles con el progreso de la economía nacional' (Op. cit.).

Como el Congreso norteamericano, este genocida chileno tampoco se equivocó. Ambos coincidieron perfectamente, porque uno y otro expresó el interés de una clase social, que desmorona todo lo que se corresponde con una ‘cultura comunitaria' propia de clases subalternas, neocolonizadas.

A su vez, ambos sujetos depredadores coinciden con quienes han hecho lo posible por corroer la posesión territorial de los trabajadores del campo panameño, como en el caso de nuestros mapuches, que vienen a ser los indígenas ngäbes, en su comarca. Se les abandona a su suerte (¿?) para que no alcancen el desarrollo requerido para una vida digna.

La idea es que se cansen de su cultura comunitaria, solidaria y entreguen sus propiedades al mejor postor. Por dicha, han mostrado contar con la suficiente identidad de clase trabajadora agraria que no renuncia a sus posesiones particulares —parcelas propias— bajo la protección que la propiedad colectiva comarcal le otorga, impidiéndole convertir a sus posesiones de pequeña escala, en objetos de compraventa.

En esa misma región del país, también rebrotan campesinos que por más de 15 años —tiempo límite para obtener sus tierras por la vía de la posesión adquisitiva— han puesto a producir fincas abandonadas por el Estado y la última transnacional bananera. Cuentan con una cultura también comunitaria, un tanto más modernizados que los hermanos ngäbes, en cuanto a tecnologías se refiere, pero con cultura de base comunitaria a fin de cuentas.

En este caso, las autoridades locales, obedeciendo a las nacionales, coinciden en extremo con los sujetos históricos que hemos citado anteriormente, defensores de los intereses individualizantes, poseedores del gran capital, como es la empresa Banapiña que viene a despojar de sus propiedades de pequeña escala, trabajadas solidariamente, por los pequeños productores bananeros del Barú.

Nada que manifieste conductas de las clases sociales que hacen parte de la cultura comunitaria es visto con buenos ojos y se repele o busca eliminarlas, aunque provengan de afuera. El caso de la detención de la periodista ambientalista Ligia Arriaga, por parte de la juez ‘de paz' (chic) y del alcalde del Barú por preparar una noticia fílmica del calvario de esos baruenses, ha sido otro insano ejemplo de los que representan una clase cuya cultura promueve el pillaje de los pobres que buscan poseer y gestionar sus propios medios para alcanzar una vida socialmente digna.

El ‘pecado' de esta periodista —con la que ninguno de sus colegas de Medcom, donde laboró, se hizo solidario— fue ponerse del lado de una clase que es agente de una cultura odiada por los poseedores del gran capital.

SOCIÓLOGO Y DOCENTE UNIVERSITARIO.