La Estrella de Panamá
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17 de Oct de 2019

Antonio Saldaña

Columnistas

La corrupción y la reelección de diputados

Hasta hace apenas unas semanas atrás “nadie daba un real” por la ratificación de los Magistrados para la CSJ, nombrados por el Gabinete varelista

El tema de la corrupción no tendrá ningún impacto en el resultado de las elecciones del 5 de mayo de 2019, así nos indican las cifras relativas de reelección de diputados en los últimos 30 años o en el período pos invasión. Análisis que se puede extrapolar a la totalidad de la oferta electoral en juego para el próximo torneo electivo.

En efecto, el porcentaje de reelecciones de diputados en la etapa antes mencionada fue la siguiente: Años 1989, 12%; 1994, 18%; 1999, 43%; 2004, 41%; 2009, 33%; 2014, 54%. (Asvat, Guevara Mann). La primera reflexión es que todo el período de dominio de la oligarquía pos invasión se ha caracterizado por la corrupción pública y hay una relación directamente proporcional entre el cohecho y la reelección de parlamentarios. Según la serie estadística en comento el gobierno donde menor corrupción hubo y en consecuencia menor reelección de legisladores fue el de Guillermo Endara y el de mayor ratificación de diputados  fue el del presidente Ricardo Martinelli. Igualmente, en el gobierno PRD  de 1994 (“El Toro”) se inicia el crecimiento geométrico de la reelección de diputados, producto del clientelismo político y de la corrupción.

También es claro que la “clase política” que sucedió al militarismo, tras la invasión estadounidense, ascendió al mando y llevó a la plutocracia a los actos más descarados de corrupción y convirtiendo al poder político del Estado en un “botín político”. Pero como quiera que el parlamento o Asamblea es órgano de mayor exposición pública es también, donde mayor conocimiento se tiene del mal uso de los recursos públicos, principalmente, el “gasto” en clientelismo político, actividad que les ha permitido a muchos diputados reelegirse, una y otra vez, y de manera indefinida.

Por otro lado, no será necesario esperar el resultado de las próximas elecciones para indicar que además de ser el peor gobierno pos invasión, el de la fracción varelista de la plutocracia, se ha erigido en uno de los más corruptos de la historia republicana. “Para muestra basta un botón”. Hasta hace apenas unas semanas atrás “nadie daba un real” por la ratificación de los Magistrados para la CSJ, nombrados por el Gabinete varelista. Sin embargo, en un acto de trueque político/financiero el gobierno habilitó la cuenta 002 de la Asamblea Nacional, -“santificada” por el Contralor impoluto- y la mayoría de oposición en el parlamento panameño, (diputados del PRD y CD, con la honrosa excepción de la HD. Zulay Rodríguez Lu) ratificaron a golpe de curul a los mencionados togados.

Y, cuando todos pensábamos que los “paquetazos”, los “cholos amarrados” desde el día anterior a las elecciones, los “muertos que votaban”, las “botellas”  y personas con más de una cédula de identidad personal, eran cosas del ancien régime liberal oligárquico. Resulta ser que en pleno siglo XX1, centuria de la información y el conocimiento y de la globalización. Hay personas -contrariando la Constitución y la Ley- predispuestas a  torcer la voluntad popular y, no solo es obra de politicastros, sino también por parte de magistrados, supuestamente, de la institución llamada a “garantizar la libertad, la pureza y eficacia del sufragio popular”.

En conclusión, no es certero el análisis simplista y muchas veces interesado, que responsabiliza al votante por la reelección de corruptos para cargos de elección popular, porque la verdad material es que los cogollos de las entelequias políticas, mal llamados partidos políticos, deciden, junto con una legislación electoral aprobada por ellos mismos y aplicada por un súper órgano del Estado, llamado Tribunal Electoral, integrado por magistrados proclives  al poder y a la partidocracia, entre otras cosas, no solo reproducir la reelección de diputados corruptos, sino también a torcer la ley electoral, según denuncian los prosélitos del expresidente y que se deriva de la supuesta  intención de evitar que pueda competir para los cargos de elección popular para los cuales -a la luz de la Constitución y del Código Electoral- está habilitado. ¡Así de sencilla es la cosa!

El autor es abogado y analista político.