La Justicia Comunitaria de Paz vs un sistema desfasado y politizado

La justicia comunitaria de paz se empezó a conocer en nuestro país desde 2018 cuando implementamos la Ley 16 de 17 de junio de 2016; sin embargo, países de la región, como Argentina, llevan más de 20 años aplicando este modelo de resolución alterna de conflictos y hoy día continúan reforzándola para aplicarla más allá de los conflictos vecinales. En Panamá estamos apenas en el inicio, y es nuestra obligación fortalecerla para que ésta cumpla de manera efectiva con el respeto a los Derechos Humanos, promoviendo el diálogo entre las partes; es por esto que lejos de dar pasos hacia atrás con un sistema desfasado, arcaico y que politiza la justicia administrativa, como lo era el de Corregidurías, presentamos ante la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley de reformas, enfocado en que la justicia comunitaria de paz se fortalezca, se renueve y que las personas tengan la oportunidad de resolver sus conflictos a través de los métodos alternos de solución.

La elaboración de esta iniciativa legislativa no fue fácil. Lo que queremos es lograr que la administración de justicia comunitaria de paz cumpla de manera efectiva con los principios que la orientan, la eficacia, celeridad procesal y la equidad, promover el diálogo y los métodos alternos de solución de conflictos, a fin de garantizar sociedades en convivencia pacífica, pero estamos convencidos que se requiere un cambio de paradigma de todos los ciudadanos y que, además de divulgar esta Ley, se requiere de un proceso de implementación participativo, que brinde respuestas a las necesidades reales de la población con la solución efectiva de sus conflictos cotidianos que alteran la paz social.

Es por ello, que la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Gobierno, cumpliendo el mandato de Ley, respecto a la justicia comunitaria de paz, además de apoyar y coordinar interinstitucionalmente, realizó un recorrido en todo el territorio nacional, como seguimiento a la implementación de esta justicia comunitaria de paz donde recibió múltiples solicitudes para modificarla, por parte de ciudadanos, de los operadores del sistema, de autoridades municipales, y de otras instituciones que consideran necesario mejorar y fortalecer el sistema, tomando como referencia que las Casas de Justicia Comunitaria son el ente primario de acceso a la comunidad.

Dentro de las mesas de consulta surgen necesidades como la de mejorar las condiciones salariales de los Jueces de Paz, tomando en cuenta la serie de requisitos exigidos para ocupar esos cargos y buscando que los líderes en las comunidades se interesen por formar parte de esta nueva justicia, los funcionarios municipales se esforzarían por ser competitivos en la efectividad del sistema y no existiera especulación en cuanto al salario que les corresponde de acuerdo a sus competencias; otra necesidad es que los Jueces de Paz Nocturnos puedan ejercer las competencias de casos de urgencia que transcurren en horas nocturnas, ya que actualmente solo aplican medidas de prevención y protección inmediata, quedando nuestra población indefensa durante ese período; también se ve la necesidad de que el secretario de la Casa de Justicia Comunitaria cumpla requisitos mínimos que le permita ejercer como juez de paz en las ausencias del titular; en cuanto a la sanción de privación de libertad, se establece por la necesidad de buscar solución a todos los ciudadanos panameños afectados de forma reiterativa y en ocasiones, hasta por un mismo infractor, que sienten que sus derechos han sido vulnerados al encontrarse con estas personas que no están dispuestas a respetar nuestras leyes, creando un ambiente intranquilo; y para salvaguardar la justicia de la comunidad, los jueces de paz en atención a su competencia, les corresponderá atender los procesos civiles, ordinarios y ejecutivos cuya cuantía no excedan de mil balboas (B/.1000.00).

De lo que se trata es que se restablezca la paz social y que los ciudadanos se empoderen de este nuevo sistema de justicia local, a fin de que sean ellos los garantes del funcionamiento de una justicia equitativa, transparente y ágil. Esperamos que desde la Asamblea Nacional prevalezca el debate de ideas y que ganen las mejores propuestas.

MINISTRO DE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.