Nuevo Programa de Solidaridad Alimentaria

El Programa de Solidaridad Alimentaria (o mejor conocido como Ferias Compita) es una política pública de 2007, creada por el Órgano Ejecutivo, diseñada para suplir alimentación a precios accesibles a las personas que se encuentran en las franjas socioeconómicas más necesitadas, cuyos fondos son administrados desde un fideicomiso, bajo la responsabilidad fiduciaria del Banco Nacional, y aportados por el MIDA como fideicomitente. La ejecución del programa reposa sobre el IMA, y sus beneficiarios son las personas de escasos recursos.

Al cabo de poco más de una década de su implementación, su diseño ha empezado a mostrar síntomas de cansancio, debido a una serie de problemas sistémicos, que listamos a continuación.

Problema 1.

El Programa implica un desenfoque de la función orgánica del IMA.

El objetivo principal del IMA, conforme a su Ley Orgánica, es promover el mercadeo de la producción agropecuaria nacional a precios remunerativos, y por su parte, el Programa tiene como objetivo principal garantizar el acceso de la población a productos de primera necesidad. Ahora bien, es conocida la extensa cobertura que tiene el componente de ferias del Programa y el alto volumen de personal y enfoque administrativo que requiere su operación, que en este momento puede absorber un 90 % del personal de la institución, generando por ende una desatención a la función orgánica de la institución.

Problema 2.

Sobre la ‘incomodidad' de la coexistencia de la función orgánica del IMA y del Programa bajo una misma institución.

El programa debe garantizar alimentos de primera necesidad a precios por debajo del mercado o, incluso, por debajo de los costos de producción. En el rubro arroz, por ejemplo, el precio al detal de la bolsa de 20 libras es de 5.00 dólares, en las ferias, o 25.00 dólares por quintal. Si tomamos el precio de 37.00 dólares, al cual el IMA compra el quintal a los molinos nacionales, tenemos que, por cada quintal de arroz vendido en las ferias, el Gobierno subsidia 12.00 dólares al consumidor. Si ahora multiplicamos este subsidio por los 100 mil quintales de arroz blanco que vende el Programa al mes, resulta que el Gobierno estaría subsidiando 1.2 millones de dólares mensualmente, solo en el rubro arroz, si fuera el caso de que el Programa solamente se abasteciera de arroz nacional. Esta es una de las razones por las que el Programa necesita importar arroz, toda vez que el arroz importado, por tener costos de producción menores a los de Panamá, puede ser comprado a 25.00 dólares el quintal.

Problema 3.

No se limita el acceso de personas que no califican como consumidores de escasos recursos.

El Programa, bajo el esquema actual no distingue la franja económica del consumidor que acude a las ferias, así como tampoco puede diferenciar si quien está acudiendo a comprar productos alimenticios es un consumidor o un revendedor. Por su naturaleza, el Programa tiene que estar destinado a beneficiar exclusivamente a personas de escasos recursos.

Qué soluciones planteamos para resolver los problemas que históricamente ha generado el Programa.

• Transformación del programa a un programa de transferencias monetarias o económicas, administrado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Por los problemas de enfoque y presupuesto que hemos identificado, planteamos que la solución más viable es transferir el Programa al Mides, bajo un esquema de transferencias monetarias o económicas. El establecimiento del nuevo modelo del Programa implicaría ir reduciendo paulatinamente la cobertura del programa de ferias del IMA, y de igual forma ir aumentando la cobertura del programa de transferencias del Mides.

La solución de un programa de transferencias, prevendrá todos los problemas arriba listados, principalmente el problema de la importación de arroz por parte del Gobierno, toda vez que, bajo un nuevo programa, el Gobierno reduciría hasta un nivel mínimo el suministro de arroz en ferias, ya que quienes venderán el arroz y los otros productos autorizados serían los establecimientos comerciales afiliados al programa.

Los establecimientos suplirán con su inventario corriente a los beneficiarios del nuevo programa, quienes solamente podrán adquirir los productos autorizados por el Gobierno. Es decir que no podrán adquirir bajo el programa productos como licor, cigarrillos ni ningún producto no autorizado. Ya que el nuevo programa desde el Mides no manejará inventario de productos, sino únicamente un programa de transferencias monetarias, el Gobierno irá reduciendo progresivamente la necesidad de importar.

El riesgo moral del programa también se irá solucionando de forma progresiva toda vez que el programa solo realizará las transferencias monetarias a quienes hayan sido validados como beneficiaros, de acuerdo a los criterios de escogencia que parametrice el Mides.

Tomando en cuenta que en Panamá la pobreza se sitúa en 20 % de la población; es decir, aproximadamente unas 800 mil personas, y tomando como base mínima para formar una familia a tres personas, tenemos como resultado que en Panamá hay un máximo posible de 266 666 familias pobres. En este sentido, si dividimos el presupuesto anual del programa de solidaridad alimentaria, de 80 millones de dólares al año, entre el máximo posible de familias en estado de pobreza, es decir, 266 666, la operación da un resultado de 300 dólares anuales o 25 dólares mensuales, que pudieran ser asignados exclusivamente a estas familias.

2. Creación de programa de Control de Precio Dirigido.

La creación de un programa de transferencias monetarias, como una nueva versión del Programa de Solidaridad Alimentaria, daría la oportunidad para transformar de forma inteligente el programa actual de control de precios. El sistema tecnológico del nuevo programa llevará los subsidios (precios controlados) a los productos autorizados por el programa, solo a aquellas personas en las franjas económicas que a criterio del Mides deban se beneficiadas.

• Creación de fondo de emergencia para productores y 7.50 condicionado.

Toda vez que el programa tiene como objetivo una reducción significativa del programa de ferias del IMA, y por ende plantea una reducción significativa de las compras de productos alimenticios por parte del IMA, deberá crearse en el IMA un programa o fondo de emergencia del sector agropecuario, que garantice a los productores las compras de productos agroalimentarios, en los momentos de excedencia, para ser vendidos por el IMA en las ferias agrícolas.

Por su parte la compensación de 7.50, al ser una consecuencia del programa de control de precios, quedará sin justificación práctica; sin embargo, es necesario atenuar el impacto, proponiendo un incentivo condicionado a los productores que quieran mantenerse como beneficiarios. En este sentido, el nuevo Gobierno debe proponer que, para ser beneficiarios del recurso financiero de B/7.50, los productores tienen que invertir en sistemas de tecnificación de sus cultivos con sistemas de riego, nivelación de tierra y mejoramiento genético de semillas, entre otros.

ABOGADO Y ESPECIALISTA EN POLÍTICAS PÚBLICAS.