La democracia requiere un consenso

César Quintero era un maestro en todo el sentido de la palabra. Cuando lo vi por primera vez en el aula máxima del Instituto Nacional, a donde fue a exponer sobre la situación de las reformas a la Constitución, me asombró su capacidad para explicar con lenguaje sencillo aspectos doctrinarios que sustentaban las teorías para modificar esa carta magna.

El principio que se utiliza para dar pasos que lleven a transformar esta ley fundamental del país tiene que ver con la necesidad de ajustar en el tiempo o la época dicho texto con relación a la realidad que vive la sociedad. Una nación que avanza y siente que sus parámetros legales no logran mantener una armonía del pueblo al que se refiere, entonces surge el requerimiento de dar pasos para crear un acuerdo general que brinde un documento nuevo, según estudiosos.

Es por esa razón que renovar la plataforma legal no es una senda estrecha que obliga a todos a caminar por los mismos senderos; ella se enuncia con la frase “... Dichas reformas deberán ser aprobadas por uno de los siguientes procedimientos: ...”. Ofrece, de manera clara, cuáles son las vías que se ha de transitar y el papel que tiene cada órgano, la sociedad civil y cómo se involucran los diferentes sectores de la República.

Hay un aspecto crucial en esto. Este delicado asunto descansa en tareas específicas que cumple cada uno de los sectores. Se requiere avanzar con una dinámica que se basa en el acuerdo, al menos en los periodos democráticos; pues en tiempos revolucionarios, cambian los procesos y una vanguardia asume la responsabilidad de llegar a los fines que presenta la coyuntura política.

Como la Constitución es una ley, la norma básica y la más compleja del país; su discusión se produce en la Asamblea Nacional. Aunque esto no elimina la posibilidad de que los ciudadanos participen en aportar elementos que enriquezcan el texto. Si algún grupo monopoliza esta fase de debate o deliberación, seguramente se perderá la posibilidad de que el resultado refleje el espíritu del pueblo, destinatario final de las ordenanzas.

Es allí donde reside la importancia fundamental de lograr un clima de tranquilidad para poner a pensar racionalmente a los individuos sobre su futuro común. Partidos, empresas, productores, gremios, instituciones están concernidos y no se trata de imponer, porque al final es una gran consulta. Un referendo donde participan todos, va a aprobar o desaprobar el bloque completo que ha de regir al conjunto de hombres, mujeres y entidades.

La dirección que toma esa discusión que tiene lugar en las últimas semanas en Panamá, hace pensar que se sigue una dirección que tiende a enrevesarse. Los modelos de comunicación no están en funcionamiento con la precisión que se requiere. En lugar de propuestas, han surgido reclamos; tesis expuestas de manera clara que deben ilustrar a la comunidad, han cedido espacios al ensordecedor ruido de manifestaciones, quemas, destrucción y rabia.

Incluso se han presentado quejas de centros superiores de enseñanza que no han ofrecido una previa discusión para conocer cuál es el papel de tales casas de estudios desde la perspectiva de la ley suprema. Ejemplos como este enredan a la opinión pública sobre las corporaciones que la representan y tiene un saldo que acaba por confundir, reducir la participación y desdibujar los objetivos que se ha propuesto el país con los pasos dados.

Es aquí donde se requiere asumir el compromiso por crear condiciones para una discusión amplia; no el vandalismo. Nadie puede guardarse la verdad, el conocimiento sobre aquello que interesa a todos. El consenso como resultado de la participación es la fórmula que requerimos para sustentar la democracia; así lo recalcaba el académico Quintero.