Entre lo mejor y lo que se necesita

La agenda política del país está fluida. De las reformas a la Constitución pasamos a la renuncia de Porcell, de esta a los magistrados y de hecho al reemplazo para ella.

Pese a que no trascienden nombres, es un hecho que para reemplazar a Kenia Porcell hay muchas consideraciones que hacer, sobre todo una que no permita repetir el funesto escenario que heredamos, en un contexto en el que la justicia está sometida a duras críticas por sus falencias.

Desde enero de 1990 hasta la fecha han sido ocho los titulares en un cargo a ocupar por diez años, de los cuales siete no han cumplido el periodo por distintas razones, entre ellas los vaivenes de la política; porque, aun cuando se trata de administración de justicia, los hechos han corroborado la influencia de las coyunturas.

La mayor inestabilidad se ha registrado desde 2009 en adelante, cuando la titular Ana Matilde Gómez debió renunciar en medio de un caso confuso que dejó traslucir interceptaciones telefónicas ilegales y presiones de alto nivel; la reemplazó una figura que no alcanzó los dos años en el cargo, y luego el ahora magistrado José Ayú Prado, posteriormente la abogada Ana Belfón que, aun cuando tenía por delante los cinco años que le correspondían a Ana Matilde Gómez, fue sustituida por Kenia Porcel. ¡Cinco procuradores en diez años!

Una realidad que obliga a considerar perfiles que tengan claridad en la relación de un cargo como ese con los poderes del Estado, la independencia, la ecuanimidad y sobre todo mantenerlo alejado de los conflictos políticos.

En la época que despunta desde 1990 hasta la fecha, solo un profesional del derecho ha sido capaz de cumplir los diez años en el cargo, pese a haberlo ejercido en dos periodos presidenciales diametralmente opuestos: José Antonio Sosa, que supo sortear, no solo las trampas de la política local, sino campañas destinadas a afectar su gestión y su reputación.

Por lo mismo sería adecuado buscar en su periodo figuras que coadyuvaron al éxito de su labor, considerando que, si bien Sossa fue cabeza de la conclusión de esa responsabilidad, otros aportaron talento, manejo y seriedad a un hecho que, como demuestran las evidencias, ha sido imposible repetir en los últimos diez años.

La gobernanza y la estabilidad del país tienen en la administración de justicia uno de sus principales activos. Sin justicia el edificio institucional se tambalea y en más de una ocasión deja sin opciones al ciudadano.

El país requiere a una figura ecuánime, a un demócrata justo, estudioso, profesionalmente consistente y capaz, y con un abanico de relaciones, basado en el equilibrio y el carácter. Su designación debe ayudar a la estabilidad que reclama Panamá, después de la hecatombe que ha significado el último decenio. (JBV)