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07 de Dec de 2019

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Roberto Antonio Pinnock Rodríguez

Columnistas

Reformas constitucionales: ¿sociedad desarrollada o felizmente subdesarrollada?

Tal como lo he comentado en escritos anteriores, la población que viene manifestando sus incomodidades frente al tema de las reformas constitucionales está repartida detrás de fuerzas sociales que accionan de acuerdo a intereses que son disímiles entre sí.

Tal como lo he comentado en escritos anteriores, la población que viene manifestando sus incomodidades frente al tema de las reformas constitucionales está repartida detrás de fuerzas sociales que accionan de acuerdo a intereses que son disímiles entre sí. Es decir, por un lado están aquellos que quieren cambiar articulitos aquí, articulitos allá, para mantener un mismo orden de cosas en el país; como quien dice, cambiar para no cambiar. Su principal actor está vinculado a los intereses que precisamente se benefician de los mecanismos que generan desigualdad social-élites económicas y sus voceros a través de gremios empresariales, la mal llamada Concertación Nacional e indirectamente, hasta movimientos que solo se enfocan en sus impulsos excluyentes con barniz religioso o democratista, pero también aparecen aquí, quienes quieren alcanzarlos en su nivel de opulencia, desde puestos políticos de “libre” elección. Razón por la cual, cuando el paquete de la Concertación Nacional pasó por sus manos lo desfiguraron en el ánimo del “¿Qué hay pa' mí?”.

Las otras fuerzas que se mueven, decíamos hace un par de semanas, giran en torno a una agenda que se aleja —un poco o mucho, según el movimiento de que se trate— de los intereses de las élites, pero no terminan de embonar unitariamente hacia cuál horizonte orientarse. Unos, saben que lo propuesto por los diputados y el Ejecutivo no representa los intereses de las mayorías nacionales; pero tampoco logran identificar aún esos intereses y traducirlos en un cuerpo de reformas constitucionales. A lo sumo, se quedan en el rechazo del procedimiento llevado hasta ahora, pero en el mejor de los casos —por ejemplo, cuerpos académicos abogadiles de las universidades— terminan destacando propuestas que solo tocan la parte relativa al papel y la relación entre los órganos de Gobierno.

Finalmente, otros, que hasta ahora resultan los menos, tienen cierta claridad de que los intereses populares no pasan necesariamente por modificar artículos que le quiten fuerza al modelo presidencialista, o le quiten poderes a los diputados, sino que se enfoca en los mecanismos que la institucionalidad pone al servicio de la generación de las desigualdades sociales.

En cierta medida, están más sintonizados con las expectativas de buena parte del pueblo, las cuales se han ido confirmando a través de diversas fuentes, particularmente, la encuesta que realizó acerca de las reformas constitucionales hace pocas semanas el Centro Internacional de Estudios Públicos y Sociales (Cieps, noviembre 2019). En efecto, esta ofrece como resultado que la población está de acuerdo con cambios constitucionales; pero, además —precisamente lo que hemos dicho desde antes de esta encuesta—, no cualquier cambio, no de articulitos, sino de todo el cuerpo, en virtud de que la mayor expectativa de la gente de a pie es que tales reformas puedan incidir directamente sobre la pobreza (material) y la desigualdad. ¿Garantiza menos presidencialismo o más rendición de cuentas de los diputados esta aspiración? La realidad histórica demuestra que no y el pueblo lo intuye.

Por lo tanto, el objetivo de cambio del cuerpo constitucional en función de los intereses populares y no de las élites económicas implica la antesala a una refundación del Estado y sus instituciones que velan no solo por la actuación de los tres órganos del Gobierno, sino por la satisfacción de los derechos humanos en su conjunto —sociales, económicos y ambientales— en nuestro territorio. Y este objetivo, pasa por la refundación de las reglas que rigen a la sociedad y la propia cultura; esto es, pasa por derribar todos los mecanismos que viabilizan que se convierta en mercancía —que somete a las leyes del mercado— la vida en sociedad, incluida la familia. Es en la práctica improbable garantizar el derecho a la salud —el acceso al agua potable, el acceso a servicios médicos de calidad, el acceso a medicamentos de calidad— a la educación de calidad, a ambientes no contaminados, si no sustraemos sus principales relaciones de las relaciones del mercado. ¿Estará esto en la mira de los que rechazan las actuales reformas?

Ahora bien, para que esta expectativa se convierta en fuerza histórica, deberá emerger una entidad organizativa que muestre liderazgos no cuestionados en el pasado. De lo contrario —sin organizaciones con “colas de paja” y líderes probados en luchas anteriores— que encabecen esta fuerza, los intereses del pueblo no tendrán la solidez requerida para pasar de los deseos a la realidad.

Sociólogo y docente de la UP.