La FAO y los incentivos al mercado

El pasado 28 de octubre, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Alimentación, la FAO organizó un Foro muy concurrido, al que asistieron autoridades del Gobierno, miembros de la academia y representantes de sectores productivos, donde cada uno compartió sobre las acciones que llevan a cabo para facilitar la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos saludables. Nosotros participamos como miembro de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, y es evidente que, dados los resultados de la Encuesta de Salud 2016 y la proliferación de enfermedades no transmisibles relacionados con las dietas de comida procesada, cualquier intento de parte de algún representante de los fabricantes de alimentos por explicar sus puntos de vista tendrá una posición difícil frente a la opinión pública.

Fue por eso que al público presente le recordamos que en marzo 2009 propusimos al entonces presidente Torrijos un proyecto de ley de incentivos para fabricar alimentos saludables y frenar así el consumo de comida chatarra. En dicho proyecto se definían excepciones fiscales y tarifas reducidas de registros sanitarios para los que desarrollaran mercados y fomentaran el consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales enteros. La propuesta fue pasada en septiembre 2009 al presidente Martinelli y trasladada a la DGI, donde se archivó por cinco años. Y en 2014 fue nuevamente planteada al presidente Varela y luego de dos años la concretó en una ley de promoción de estilos de vida saludable, pero sin ninguna mención a incentivos ni beneficios para las compañías fabricantes.

Craso error, porque como todos deben saber, nada ocurre en el mercado si no hay incentivos. Las empresas son racionales en sus operaciones y fabrican solo lo que les genera ganancias y dividendos, y no entenderlo es un error de política pública. Y es la razón más importante por la que no hemos avanzado en los últimos años en materia de salud pública, y por eso hoy tenemos tasas de obesidad y diabetes 2 de las más altas del mundo.

Por supuesto, que esto se hubiera podido resolver con un poco de voluntad política. El actual Gobierno ha manifestado su interés en adoptar medidas consecuentes y en su primer mes devolvió la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Senapan) a la Presidencia, que tristemente había estado en los últimos cinco años reducida a un escritorio dentro del Mides. Pero hay mucho más por hacer.

Por ejemplo, la Encuesta Nacional para medir grasa, hierro y otros parámetros de salud hay que hacerla con urgencia, sobre todo que ya tenemos los $3 millones que financió el BID. Igualmente, hay que coordinar mejor el esfuerzo interinstitucional del MIDA, Meduca, Minsa, Senapan, DEPA, Digenti, Sanidad Vegetal, Sanidad Animal y Aupsa. El desorden y la descoordinación impiden que la actividad económica se desarrolle con eficiencia. Solo pensar que la Aupsa será eliminada para cumplir una promesa de campaña, una institución que era timbre de orgullo, porque era de las que mejor trabajaba dentro del sistema de vigilancia y control de alimentos, ha provocado una conmoción en el sector que ha retrasado inversiones y contrataciones de mano de obra. Este caos además ha trastocado las importaciones de algunos rubros importantes y ha puesto de manifiesto el grado de descoordinación de las nuevas autoridades, casi similar a cuando, hace unos años, el MIDA promovía la producción de aceite de palma y al mismo tiempo el Minsa señalaba que era dañino para la salud.

Resulta urgente la creación de una política alimentaria nutricional para asegurar esa mayor coordinación entre las instituciones del Gobierno y el sector productivo, necesaria para abordar los temas agrícolas, de salud, de educación y de tecnología, vitales para la producción eficiente de alimentos saludables. Actualmente existen dos programas para promover la nutrición en las áreas indígenas y que no se pueden suspender, como el Foris (Fortalecimiento de las Redes Integradas de Salud) y Nutrivida (Programa preventivo para optimizar la transferencia del conocimiento hacia la atención preventiva de salud), con financiamiento de $60 millones del BID y que requieren de equipos de alta calidad de médicos, enfermeras, nutricionistas y asistentes de salud para su culminación.

Felicitamos a la FAO por la iniciativa del Foro y a los panelistas por su participación. Sin duda, el problema de falta de alimentos saludables requiere de una mayor concientización a las autoridades, pero también de más educación a la población. Pero principalmente, y reiteramos, requiere de los incentivos en el mercado. Porque sin los debidos y oportunos incentivos en el mercado, no hay nada que las compañías de alimentos puedan hacer al respecto.