Temas Especiales

20 de Sep de 2020

Juan Manuel Castulovich

Columnistas

¡Desacertada, por decir lo menos!

Entre las organizaciones de nivel nacional, con indudable fuerza como grupo de presión económica y social, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Cciap, ocupa uno de los primeros lugares, aunque, formalmente, la mayor representatividad del sector esté supuesta a tenerla el Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep.

Entre las organizaciones de nivel nacional, con indudable fuerza como grupo de presión económica y social, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Cciap, ocupa uno de los primeros lugares, aunque, formalmente, la mayor representatividad del sector esté supuesta a tenerla el Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep.

Preocupante es, por tanto, que el presidente o la Junta Directiva de la Cciap, la paternidad no se aclara en la noticia, se haya disparado con la propuesta de que se revoquen, desde principios constitucionales que les dan fundamento, todas las leyes que expresamente reservan a los nacionales el ejercicio de cargos públicos y de un importante número de profesiones y oficios.

La ligereza de la Cciap —hay que atribuirla a la institución, mientras esta no aclare alguna autoría más específica— es sorprendente y más aún que para justificar su reclamo se cite a figuras de relevancia en nuestra historia como nación, pero que tomaron decisiones en relación con la educación panameña de acuerdo a circunstancias, explicables entonces, pero que, en un caso, el del Dr. Belisario Porras, fue hace más de 100 años y, en el del Dr. Harmodio Arias, cuando se creaba, bajo su égida y la de Méndez Pereira, la Universidad de Panamá, en 1935.

Solo de la Universidad de Panamá han egresado, graduados en todas las disciplinas, más de 300 000 profesionales. Y si se sumaran los graduados de la Universidad Santa María la Antigua, de los otros, más de treinta centros universitarios que actualmente funcionan en nuestro país y los que deben ser centenares o miles, los graduados de universidades extranjeras, fácilmente cabe estimar que contamos con más profesionales universitarios, per cápita, que cualquier otro país del ámbito latinoamericano y posiblemente del mundo.

A lo anterior, habría que agregar que también deben contarse por varios miles los profesionales panameños que han cursado en el extranjero posgrados en todas las disciplinas del saber, hasta niveles doctorales y, además, que en muchos de nuestros centros de educación superior se imparten, desde hace varios años, maestría y doctorados.

Esas realidades se las ha llevado de calle y de manera sumamente alegre la Cciap, cuando, sin haber realizado un estudio previo y sin citar estadística alguna, afirma que no hay profesionales calificados en Panamá y pide que se permita ejercer a los extranjeros con la insinuación, de por más absurda, de que ellos aportarían conocimientos de los que carecen nuestros profesionales.

Nuestra legislación laboral, comparativamente, es amplia y generosa al permitir que profesionales y técnicos extranjeros puedan ser contratados, fijando límites porcentuales. Pero la intención de la norma, absolutamente sana, tal y como existe en otros países, es que esas contrataciones solo se den cuando existe una ausencia comprobada de nacionales calificados para los cargos para los que se contraten extranjeros y, segundo, que esas contrataciones sean de carácter temporal y que, a la par, contribuyan a preparar personal local para que puedan, en el futuro, desempeñarlos.

Si para algo debe servir la propuesta de la Cciap es para abrir y que concluya, de una vez por todas, un debate pendiente desde hace varios años y, por tanto, no conviene aplazarlo ni rehuirlo. Pero a la Cciap le corresponde la obligación de ampliar y sustentar sus argumentaciones para que puedan ser rebatidas como corresponde.

De un tiempo a esta parte se viene repitiendo la afirmación, insuficientemente sustentada, de que en Panamá no existen profesionales en especialidades que demandan algunos sectores de la empresa privada. A ese respecto, convendría que, para sustentar esa afirmación y su propuesta, los autores explicaran, por ejemplo, si en sus empresas ha existido o existen y se practican políticas para conceder becas o patrocinar la formación, requeridas por ellas, a profesionales que formen parte de sus planillas laborales.

La polémica, después de las aventuradas propuestas de la Cciap, está servida; pero recomendable sería que, para que pueda deslindarse con seriedad, quienes la han avivado superen las generalidades y concreten, con cifras y argumentos fundados, sus afirmaciones. Mientras no lo hagan, solo cabe considerarlas como infelizmente desacertadas, por decir lo menos.

Abogado