Temas Especiales

26 de May de 2020

Ricardo Cochran Martínez

Columnistas

Comentarios jurídicos por la pandemia mundial COVID-19 en Panamá

En octubre de 1215, en la región de Runnymede, ubicada entre la ciudad de Londres y el Castillo de Windsor, residencia del rey de aquel entonces, se emitió la primera Carta Magna, para establecer los derechos de los súbditos ante el monarca.

En octubre de 1215, en la región de Runnymede, ubicada entre la ciudad de Londres y el Castillo de Windsor, residencia del rey de aquel entonces, se emitió la primera Carta Magna, para establecer los derechos de los súbditos ante el monarca. La idea principal se sustentó en que ninguna persona estaría exceptuada de un juicio legal acorde a las leyes de un país.

Tal referencia fue recogida en las constituciones de la era moderna, como la Constitución de los Estados Unido en 1787, que empieza con la frase “Nosotros el Pueblo” y en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 en Francia, sirviendo de ejemplo a las jóvenes repúblicas americanas en formación en el siglo XIX y a nuestra Constitución en 1904, la cual en su artículo 41 establecía que “nadie está obligado a pagar contribución o impuesto que no estuviera legalmente establecido y cuya cobranza no se hiciere en forma prescrita por las leyes”.

En nuestra Constitución Política actual, que nos rige en este 2020, dicho artículo es ahora el número 52 y tiene igual texto. Tal consideración jurídica tiene 116 años.

Como vemos, las Constituciones o Cartas Magnas surgen para proteger a los ciudadanos de algún acto que pueda poner en riesgo sus derechos fundamentales ante el poder.

Asimismo, en el artículo 71 de nuestra Constitución se establece que “son nulas y por lo tanto NO obligan a los contratantes, aunque se exprese en un convenio de trabajo o en otro pacto cualquiera, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, adulteración o dejación de algún derecho reconocido a favor del trabajador. La ley regulará todo lo relativo al trabajo”.

En el Código de Trabajo, que hay que tomarlo como referencia por ser un Código de Leyes, manifiesta, en el artículo 161, trece numerales en donde expone cuales son los descuentos en el salario de un trabajador; existen anticipos, pensión alimenticia, cuotas de arredramiento de vivienda, préstamos bancarios y comerciales, el impuesto sobre la renta; pero no existen descuentos ejecutados por una situación de emergencia o de excepción especial; ¿por qué? Porque el Código de Trabajo habla de “suspensión de contrato” por causa mayor o evento fortuito. Es decir, no puede haber descuento si no está dentro o previsto por la ley del Trabajo. El salario del trabajador tiene que respetarse. Los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial vendieron bonos para ayudar al tesoro, mas no hicieron descuentos a los que ya trabajaban.

Volviendo a Panamá, si nos vamos a la Gaceta Oficial del 11 de diciembre del año 2000, en donde se aprueba el Reglamento Interno para las Instituciones del Sector Público, en el Título VI Capítulo1 y 2 Sobre los Deberes y Derechos, no se plantea tampoco algún tipo de contribución del salario del Servidor Público por ninguna situación.

¿Qué quiero expresar? Que debemos ser fieles intérpretes de la Ley y de los procedimientos que la misma implica. Nuestros profesores de Derecho nos enseñaron que una ley no puede ser modificada si no es por el concurso de otra ley que suprima, restringa o mejore la primera.

Para solicitar descuento para aquellos funcionario o servidores públicos que ganen más de mil balboas, deben crear una ley que lo permita, explicando y sustentado las razones jurídicas que impelen a tal decisión. No puede ser, y en esto soy objetivo, que, aun cuando el país pasa por una crisis de pandemia no esperada, las leyes se ignoren, porque estas no se pueden reinterpretar, sino que tienen que mantenerse.

Como no existe ley que permita o contemple la posibilidad de un descuento obligatorio y además por pandemia, simplemente no puede realizarse tal acción, porque, en la búsqueda de un bien superior, puedes de igual manera ignorar las garantías fundamentales establecidas en la Constitución y en los Códigos de Leyes y esto es muy sensible. Y lo que todo Estado político debe siempre recordar es que “nosotros, el pueblo” tenemos derechos, aun en situaciones difíciles, porque vivimos en Estado de derecho, que es la base de nuestra democracia.

Esa es mi sana recomendación, salud, compatriotas…

Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas.