¿Colusión en tiempos de COVID-19?... Una opinión

El presidente de la República dijo hace poco: “quien sea sorprendido robando en medio de la crisis será botado de manera inmediata y puesto a órdenes de las autoridades competentes”. Advertencia, por demás, alentadora, sin embargo, a través de las redes sociales circula copia de la Resolución No. DNC-107-2020-D.G. aprobada por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, mediante la cual, se autoriza el gasto hasta por la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE BALBOAS CON 00/100 para la actualización, implementación e integración de los procesos de almacenamientos, distribución y dispensación final de medicamentos a nivel nacional… la cual parece incomprensible, puesto que, además de encontrarnos en pleno curso de la crisis sanitaria, que azota al país, con la economía prácticamente paralizada, la institución suscriptora de dicha contratación acusa serias deficiencias de infraestructura para la atención, así como en lo referente a insumos, suministros, y equipos de bioseguridad, no obstante lo cual, aprueba un gasto por 200 millones de dólares, ¡para destinarlos al almacenamiento de medicinas! Absolutamente injustificable que, en medio de la actual crisis, cuando el sistema sanitario se encuentra prácticamente colapsado, se le confiera prioridad al almacenamiento de medicamentos.

Según la información difundida, uno de los requisitos del pliego de cargos, ¡fue que la empresa tuviera experiencia en despachar recetas a diez millones de personas!; y otro, que la fianza de cumplimiento fuera por 20 millones de dólares. ¿Qué empresa nacional podría haber cumplido dicho requisito, si en Panamá somos cuatro millones de habitantes? Además, se recurrió a la figura del consorcio, para una inversión conjunta, lo que permitió a una empresa local, de reciente creación, participar; empresa que presuntamente no está registrada en la asociación de empresas logísticas de Panamá. Y, por si fuera poco, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, de México investiga a la empresa extranjera por corrupción. Vale recordar que en la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, además de representantes de los obreros, hay del sector empresarial, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Salud y de la Contraloría; que no informaran a sus superiores, sería harina de otro costal, como pudo ocurrir con los representantes de los trabajadores de la salud que, por lo visto, no informaron a sus representados, particularmente a los farmacéuticos, ¿que la dispensación de medicamentos, contenida en el contrato suscrito, sería ejecutada por robots?

El presidente de la República haría bien en exigir explicaciones, y posteriormente darlas a conocer al país; la Contraloría debió revisar la documentación, quizás en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, existan precedentes de negociaciones similares, la Dirección de Asesoría Legal de la Caja de Seguro Social, debió validar el procedimiento cumplido; la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, debe haber evaluado toda la documentación; el director general podría sustentar, lo que a prima facie genera suspicacias; los ex ministros de Salud y los ex presidentes de la República, sobre todo del partido gobernante, podrían aportar elementos de juicio que contribuyan a despejar las interrogantes que hoy son motivo de preocupación.

Algo huele a podrido, y no precisamente en Dinamarca. Por mucha que pudiera ser la sagacidad o la habilidad de algunos empresarios y funcionarios, para coordinar equipos de expertos en desviar recursos públicos para propósitos aviesos, o por mucha que sea la destreza para no dejar huellas de cualquiera de las tantas fechorías, cometidas por quienes han saqueado el fisco, urge una aclaración; un atraco de esa naturaleza no debe ser consumado. La ciudadanía nacional sabe que la corrupción involucra, por lo menos, a tres protagonistas, el inversionista, interesado en obtener exorbitantes ganancias, el servidor público, con mando y jurisdicción, interesado en un gran trozo del pastel, y finalmente, el sistema de administración de justicia que, movido por similares intereses, tuerce las leyes para encubrir a sus cómplices, en el peor de los delitos, dado que con la comisión del mismo, no solo se lesiona el patrimonio de quienes, por moral y mandato de ley, deben ser protegidos, sino que además, se hipoteca el futuro de varias generaciones.

Víctor Hugo dijo: “Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien”. Pero el ciudadano presidente debe saber que los panameños hemos llegado al límite del hartazgo, que ya es hora de que las instituciones estén al servicio de los intereses y necesidades de la mayoría, que ya basta de abusos y excesos, frente a tan profundas desigualdades y a la falta de oportunidades, que lo más preocupante es la prevalencia de la impunidad y de la asociación lícita para delinquir, que pareciera ser el modus operandi de tantos delincuentes disfrazados de servidores públicos. Asociación lícita, precisamente porque los confabulados se cuidan de darle las formalidades legales, que les permita burlar cualquiera de las normas o reglamentaciones existentes. Considero, finalmente, que el señor presidente será consecuente con el compromiso asumido y que actuará en el mejor interés de salvaguardar el patrimonio de todos los panameños… ¿usted qué opina?