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13 de Jul de 2020

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Rafael Carles

Columnistas

La verdad, entre la corteza y el telón

No conocemos ningún espectáculo de más bajeza que la tendencia generalizada a disfrutar a expensas de un desafortunado evento en el que una persona es señalada injustamente por un acto que ahoga su sentido de la decencia.

No conocemos ningún espectáculo de más bajeza que la tendencia generalizada a disfrutar a expensas de un desafortunado evento en el que una persona es señalada injustamente por un acto que ahoga su sentido de la decencia.

Todavía, después de un año de las elecciones de 2019, permanece el recuerdo de hechos que sucedieron en Panamá durante el quinquenio de Varela y que dejaron un desagradable malestar en nuestra sociedad. No hay duda de que la corrupción, tanto en la esfera pública como privada y en los estratos altos como en las clases bajas, es un mal endémico que refleja el desprecio a los principios éticos y morales básicos, y como tal debiera convertirse en el reto más grande de Cortizo.

Mirando hacia atrás y a lo largo de toda nuestra historia, podemos concluir que la corrupción no se originó con Varela ni tampoco con Martinelli. El problema es que con Varela se atentó contra la institucionalidad del país y el Estado de derecho, al señalarse y condenarse a muchas personas sin haber sido juzgadas. Censores oficiales, medios de comunicación y centros de llamada se prestaron, de manera inescrupulosa y con cizaña untuosa de la más alta creatividad jamás inventada, para propagar rumores que estimularon el morbo y la burla del público, independientemente del costo para la reputación de individuos y familias inocentes. Y todo ante la mirada fría e indiferente del resto de la sociedad que gozaba y se deleitaba con su silencio y complicidad.

“Para que una vida civilizada sea posible en un país, debe mantenerse un poco de velo para proteger la dignidad de las personas, pero también hay que reforzar la corteza para proteger la integridad de la República”

Existen muchos casos de peculados en instituciones del Estado, sobornos en compra de bienes y servicios, sobreprecios en obras y contrataciones, y alteraciones en el manejo de la cosa pública, que se deben investigar hasta sus últimas consecuencias, pero sin convertirlos en campañas para dañar la honra de personas inocentes ni amedrentar o asesinar civilmente a enemigos políticos y competidores comerciales.

El problema que tenemos como sociedad ahora no es tanto fijar un estándar adecuado para el comportamiento de funcionarios o empresarios, sino decidir cómo el resto de los ciudadanos debemos reaccionar cuando un funcionario o un empresario es señalado y condenado en los medios, sin que se respeten el debido proceso ni la presunción de inocencia. Según un pensador, “la civilización es una corteza delgada y precaria erigida por la personalidad y la voluntad de muy pocos y solo mantenida por reglas y convenciones hábilmente puestas en práctica y preservadas con astucia”. Pues bien, si esto es verdad sobre la civilización en general, también lo es de nuestro Panamá, donde una corteza frágil protege y una cortina tenue oculta la vida de los ciudadanos en todos los ámbitos de su existencia y en todos los niveles sociales, desde la mirada y la crítica del público hasta el escrutinio y examen de los medios.

La corteza es más delgada y la cortina menos opaca cuando ocurren cosas que no coinciden con la razón, como cuando en la Presidencia de la República existía una Procuraduría paralela para señalar y sentenciar injustamente a enemigos políticos. Y, aunque en Panamá toda la vida ha existido una corrupción rampante y muchas veces se han quebrantado normas y violado principios, nunca se había tenido un escenario en medios y redes con tantas acusaciones malintencionadas contra funcionarios ni contra empresarios inocentes.

En un país civilizado jamás podremos aceptar que fiscales y gobernantes priven de libertad a ciudadanos inocentes, usando tretas absurdas e innecesarias para ordenar arrestos domiciliarios y detenciones arbitrarias. Especialmente en casos donde, por un lado, ni había méritos y, por el otro, era obvio que se trataba de medidas desproporcionadas. Casos en los que juristas de reconocida trayectoria, desde exmagistrados de la Corte Suprema hasta exfuncionarios del Ministerio Público, confirmaron que los fiscales se pasaron en su actuación, seguro que presionados por superiores que no tenían la menor intención de impartir justicia, sino de hacer daño.

Para que una vida civilizada sea posible en un país, debe mantenerse un poco de velo para proteger la dignidad de las personas, pero también hay que reforzar la corteza para proteger la integridad de la República. Y es allí donde los que ostentan actualmente el poder y tienen la responsabilidad del cuidado de esa corteza y de ese telón, deben tener balance para no cometer la hipocresía ni los actos de venganza que sucedieron durante el quinquenio anterior, porque al final lo que se obtiene no es justicia, sino la destrucción misma de la verdad, típico de un país con una clase moral inferior.

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