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- 08/07/2020 00:00
Panamá y su nueva Constitución
Panamá, septiembre de 2021. En una movida políticamente sorpresiva y audaz, el presidente de la República logra hoy cumplir lo que, a juicio de amplios sectores políticos y sociales de la nación, fue la principal de sus promesas de campaña, alcanzar una reforma constitucional que enfrente y establezca bases sólidas y permanentes para anular las principales debilidad institucionales y democráticas del Estado panameño.
Hoy, fue promulgado el Acto Constitucional que, cumplidos los protocolos legales vigentes, logra avances fundamentales como los siguientes:
Se limitan significativamente las atribuciones del presidente de la República y del Órgano Ejecutivo.
Se modifica la estructura del Poder Legislativo con un modelo dual con cuarenta diputados provinciales y diez diputados nacionales, que además serán quienes ejercerán el prohijamiento de los proyectos de ley.
Se establece que la elección para la renovación de la Asamblea Nacional será a la mitad del periodo presidencial, para lo cual se extiende el periodo de los actuales diputados por 30 meses adicionales.
Se prohíbe la doble postulación, se elimina el suplente, se prohíbe que funcionarios reciban doble salario, excepto o los casos docentes, siempre que no se afecte el horario laboral y de representaciones internacionales, en los campos culturales, deportivos y educativos.
Se modifica el régimen de designación de las autoridades de la Caja del Seguro Social, dando a cada sector representado la potestad de designar libremente a sus representantes sin necesidad de ratificación y estos, en iguales términos la designación de los directores de los servicios financieros y de salud respectivamente.
Se establece que ni el contralor general de la República y el defensor del Pueblo serán nombrados por el mismo periodo de los diputados de la República, y su designación por la Asamblea Nacional requiera mayoría calificada de 2/3 de la cámara.
Se incrementa el término del ejercicio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del procurador general de la Nación y de la Administración y se modifica el proceso de selección por intermedio de postulaciones que efectuará el Consejo Superior de la Magistratura y ratificación por la Asamblea Nacional por mayoría calificada de 2/3 de la cámara.
Se crea la Autoridad Nacional de Educación, como ente autónomo encargado de la regencia del sistema educativo nacional.
Se establece la Carrera del Servicio Civil, como ente autónomo encargado de planificar la necesidad de recursos humanos al servicio del Estado; supervisar la estructura y funciones de las entidades públicas; nombrar, previo concurso de méritos, a los servidores públicos y ejercer los procesos y medidas disciplinarias correspondientes.
Establece las bases para la reorganización de la Fuerza Pública, fortaleciendo principio de civilidad de los componentes y separando la función preventiva de la investigativa que pasa a potestad del Órgano Judicial.
Además de estas trascendentales reformas, se adopta una nueva estructura de instituciones de Garantía, creando la Corte de Constitucionalidad y se amplían significativamente las medidas de protección y resguardo de las garantías fundamentales.
El proceso de reformas dio inicio en septiembre de 2020, cuando el presidente de la República, en medio de la pandemia, convocó a los partidos políticos, a los gremios empresariales, a los sindicatos, a las instituciones académicas, a los gremios profesionales, particularmente al de abogados, además de a un grupo de prestigiosos juristas del país, a efecto de que estos elaboraran una propuesta unificada, teniendo en consideración los ejercicios previos de varios procesos de análisis y consulta nacional.
El factor diferenciador entre este proceso y los anteriores, que no tuvieron éxito, es que desde la instalación y durante todo el proceso de debates, el propio presidente de la República lo dirigió y, con un liderazgo y desprendimiento sin precedentes, logró alcanzar los consensos políticos necesarios para que la propuesta fuese avalada por todos los participantes, quienes la catalogaron como el Gran Pacto Nacional por la Democracia y el Progreso Nacional.
Fue así como, cumpliendo con el procedimiento establecido en el artículo 313 numeral 2 de la Constitución Nacional, los diputados aprobaron el proyecto de manera expedita y sin cambio alguno al texto consensuado en la Segunda Legislatura del presente periodo (2020-2021), ratificado en la Tercera Legislatura (2021-2022) y ratificado en el referéndum realizado en agosto (2021) pasado, cuando, con el apoyo de todos los partidos políticos, los gremios, sindicatos, profesionales, organizaciones sociales y juveniles y otros grupos sociales, recibió casi el 90 % de votos a favor.
En su mensaje a la nación el presidente manifestó que, al surgir la pandemia con la secuela de las serias limitaciones financieras y presupuestarias, se vio obligado a replantear las metas y objetivos de su gestión y comprendió que la oportunidad que generaba la crisis permitía enfrentar el enorme desafío de transformar las instituciones. Remarcó que era innegable el enorme desgaste de la clase política que incluso sufrió su Gobierno en cuanto a las medidas adoptadas para combatir la pandemia y que era hora de que la clase política escuchara al pueblo y aceptara que había llegado el momento de las grandes y transformaciones, siendo esta la única vía que tenían los partidos políticos para asegurar su existencia.
Los principales organismos internacionales y como de la región han venido elogiando el proyecto de reforma a la Constitución por el altísimo grado de consenso alcanzado y por el evidente desprendimiento de los partidos políticos al aceptar nuevos niveles de control y de participación ciudadana en la gestión pública, pero además por el liderazgo demostrado por el presidente en liderar personalmente todo el proceso hasta su culminación.
También, varios de los más respetados juristas y constitucionalistas nacionales, que han sido referentes históricos de los procesos políticos y democráticos del país, han elogiado la reforma, indicando que este nuevo instrumento fundamental será la principal herramienta que permitirá al país recuperarse rápidamente de los graves efectos de la pandemia, asegurando instituciones fuertes e independientes, eficiencia y transparencia en la gestión pública, planificación en los planes de desarrollo y equidad social.