Por una ley general de cultura

Hace ya veintiséis años el jurista Jorge Fábrega Ponce propuso, junto con mi persona, la creación de un Ministerio de la Cultura. El año pasado el nuevo Gobierno cumplió ese objetivo. Queda ahora la tarea de adoptar una Ley General de Cultura que sirva, además, para resolver de manera sensata los problemas que ya enfrenta dicho ministerio, lo conecte mejor con la sociedad total y apoyar más a los patronatos que exitosamente suplen las carencias estatales.

Desde 1994 decía que la modernización del Estado panameño era una de las grandes tareas colectivas cuyo objetivo debería fortalecer a nuestra nación, engrandecerla y producir un mayor bienestar de los individuos y de la sociedad entera. Sectores importantes de la actividad nacional merecen una atención especial del Estado, concebido como entidad arbitral y promotor del mejoramiento global, depositario de los valores más permanentes de todo el cuerpo social, guardián del patrimonio nacional. Pero dentro de este patrimonio existen planos diversos y categorías distintas situándose, en la cima, el patrimonio cultural, suma de todos los bienes tangibles e intangibles que hacen de una sociedad específica un ente verdaderamente humano, universal y a la vez singular.

Reflexiones semejantes llevaron, desde la década de 1950, a Estados y sociedades más adelantados en el campo del desarrollo espiritual y con mayor profundidad histórica, a la creación de entidades especializadas, instituciones públicas del más alto nivel jerárquico, responsables por el tema de la promoción cultural y de la salvaguardia del patrimonio nacional que constituía los fundamentos del alma de la sociedad: el patrimonio histórico y cultural. Surgieron así los ministerios de la Cultura que no solo cumplen desde entonces su misión de rescatar, desarrollar y poner en valor un patrimonio invaluable, sino también de dar especial lustre, esplendor y grandeza a los Estados nacionales en donde fueron creados.

Nosotros no hemos sido insensibles a esta evolución de la institucionalización de la cultura en otras latitudes y el desarrollo de estos conceptos llevó, en Panamá, hace ya cuarenta y seis años, a la creación de un Instituto Nacional de Cultura, bajo la dirección inolvidable del maestro Jaime Ingram Jaén y la colaboración de la doctora Reina Torres de Arauz. Dicho ente estatal, con todas sus limitaciones materiales y humanas, ha llenado un cometido respetable y apreciado y ha salvado de lo irreparable parte sustancial de nuestro patrimonio histórico y cultural, gravemente amenazado por la negligencia, la indiferencia y la ignorancia.

Hoy, en momentos en que la nación panameña se debate en una profunda y casi insondable crisis moral en el sentido más amplio, que toca la esencia misma de la identidad colectiva y pone en gravísimo peligro el funcionamiento de un Estado nacional sano, buscamos instrumentos y herramientas para superar nuestro presente y forjarnos un destino a la medida de nuestras posibilidades y de nuestros merecimientos. Pensamos en instrumentos políticos, en herramientas económicas y sociales y en instrumentos institucionales. Buscamos un proyecto nacional con una verdadera integración vertical y horizontal, social y territorial de todo nuestro país, reconciliado consigo mismo, unido solidariamente, dirigido hacia el futuro. Qué mejor instrumento que la cultura para encontrar nuestro camino. Qué mejor herramienta que el cultivo de nuestro hermoso y rico patrimonio cultural y su acrecentamiento con los aportes inapreciables de lo universal para crearnos un porvenir.

Al superar este terrible momento coyuntural de inédita crisis sanitaria, política, económica y social, debemos enfocarnos en lograr que nuestra sociedad progrese, que se encamine por un mejoramiento en todos los campos y en particular en lo educativo e intelectual. Que se dé un renovado optimismo y se fortalezca un sentimiento nacional asentado sobre experiencias comunes históricas y humanas, basado en un proyecto positivo antiguo o más reciente de fortalecer una nación con sus rasgos particulares geográficos por supuesto, pero también sociales y espirituales. Para lograrlo, debemos tomar iniciativas contundentes con el propósito de elevar la promoción cultural a otros niveles, para ponerla a la altura de los tiempos y de los desafíos que debemos al fin encarar.

Ha llegado el momento de adoptar una Ley General de Cultura inteligente, justa, equilibrada y sensata, de acuerdo con las necesidades de una sociedad libre, definida por identidades múltiples, asentada desde hace cinco siglos en un cruce de caminos universales. Una ley de cultura para lograr un Estado y un Gobierno modernos, verdaderamente democráticos y laicos, incluyentes, plenamente civiles, que nos liberen de mitos, supersticiones, intolerancias y discriminaciones, que propicien el cultivo de la educación de calidad, la ciencia y la razón y que fortalezcan nuestro sentimiento y acción de libertad individual y colectiva.