El servicio doméstico y la informalidad

El pasado viernes 11 de julio el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) publicó un comunicado en el cual se informaba la suspensión de la emisión de salvoconductos para servicios domésticos en Panamá y Panamá Oeste.

En el mismo se indicaba que se habían recibido 5473 solicitudes de las cuales 1124 de los solicitantes reportaron contratos escritos, pero que hasta diciembre 2019 solo había 370 contratos de Servicio Doméstico registrados en dicho ministerio.

Esta disparidad es una clara consecuencia de uno de los principales obstáculos del desarrollo socioeconómico de la región, la informalidad laboral. Se considera trabajador informal a quienes prestan sus servicios sin regulación contractual y no realizan contribuciones a la seguridad social, lo cual resulta en que sufran de inestabilidad laboral, vulneración a sus garantías laborales fundamentales, como un salario justo, condiciones laborales dignas y jornada laboral limitada, entre otros.

Hay que tener claro que la informalidad laboral no solo afecta al bienestar social y económico del trabajador, sino también a la capacidad de la recaudación tributaria del Estado.

La informalidad laboral en los servicios doméstico presenta una amenaza al compromiso asumido por el país con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS, en especial el Objetivo 5: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

El 12 de junio de este año ONU Mujeres, la OIT y la Cepal conjuntamente presentaron el documento “Trabajadoras Remuneradas del Hogar en América Latina y el Caribe frente a la crisis de la COVID-19”, en el cual se expone que de las entre 11 a 13 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado en la región, 93 % de ellas son mujeres y que más del 77,5 % de ellas operan en la informalidad.

En estos momentos, en los que la mayoría de las noticias y situaciones son de índole negativa, en vez de criticar y golpear, se podría dar un giro positivo y utilizar esta información recaudada por el Mitradel como base para elaborar e implementar políticas públicas que incentiven la formalización de estos empleos, la igualdad de género en el mercado laboral y combatir la pobreza, lo cual se traducirá en un mayor crecimiento económico y desarrollo sostenible del país.

Estas políticas públicas deberán estar alineadas con el “Convenio 189 de la OIT SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS”, ratificado por Panamá el 11 de junio de 2015 y en cual en su artículo 3 establece: “ 1. Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar la promoción y la protección efectivas de los derechos humanos de todos los trabajadores domésticos, … 2. Todo Miembro deberá adoptar, en lo que respecta a los trabajadores domésticos, las medidas previstas en el presente Convenio para respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo…”.

Paralelamente se podrían ofrecer incentivos fiscales para los empleadores que formalicen dichas relaciones laborales, reducir los gastos y tiempos para la obtención de visa de trabajadores domésticos (toda vez que una gran mayoría es ofrecida por extranjeros), promover sistemas de protección social integrales e inclusión financiera e impulsar campañas de sensibilización, entre otras.

Lo que bien es cierto es que esta pandemia ha presentado una gran oportunidad para empoderar a las mujeres, mediante la formalización de su participación en el mercado laboral, un elemento crucial para aumentar la productividad del país, lo cual nos beneficiará a todos como panameños.