Vacunación clandestina y responsabilidad penal

La criminalidad en la pandemia se ha diversificado, inicialmente por el comercio de mascarillas, desinfectantes, falsificación de pruebas PCR, y también por las vacunas anti-COVID-19, que se han denominado como el “oro líquido del 2021”. Así, por ejemplo, una vacuna Sputnik está por 100 dólares o más, una AstraZeneca a 500 dólares, un certificado de vacuna a 150 dólares o tres pruebas PCR negativas por el precio de dos.

En Panamá, la reciente vacunación anti-COVID-19 clandestina en un local comercial en Coco del Mar, ha generado descontento de parte de la ciudadanía, y, adelantándose a las investigaciones por parte de las autoridades, ya se ha empezado a hacer conjeturas al respecto.

En esos términos, se afirma que se trata de un delito contra la salud pública, porque se ha expuesto la salud de las personas mediante la vacunación ilegal, aunque deba aclarar, que no hay norma alguna en el Código Penal que fije sanciones para ese hecho; en otras palabras, no existe ese delito, independientemente de que se haya dado una vacunación ilegal, pues solo el Minsa está autorizado para ello.

Es un hecho cierto que la vacunación clandestina está motivada por el ánimo de lucro de parte de los actores, de manera que sea concebible que se lleve a cabo por organizaciones internacionales, que van generando una situación de ofertas y comercialización de las vacunas, fijándose un tráfico de vacunas ilegales a través de internet. En otros casos, puede darse por medio de falsificación de las vacunas, o también cuando los sujetos han sido timados o engañados aplicándole una vacuna que no es verdadera o real, como, por ejemplo, llenándola de agua u otras sustancias desconocidas, como ha sucedido en otros países, concretando un delito de estafa.

De esta manera, entonces, en la vacunación COVID-19 no han faltado los escándalos como el “vacunagate de Perú” o el “Vacunatorio Vip argentino”, los delitos de peculado, la corrupción y el tráfico de influencias, o el juegavivo en nuestro país, y en fecha reciente, la vacunación clandestina en Coco del Mar.

Y a propósito de esta última, conocemos muy poco, solo lo que inicialmente se ha mencionado en los medios de comunicación social, por lo que no podemos asegurar qué tipo de delito se ha cometido.

Lo que sí hay que tener presente es que en toda vacunación clandestina se ponen en marcha centros clandestinos de vacunación publicitando en la web su facilitación, en la que el proveedor, puede ser un sujeto cualquiera que actúa a nivel individual, o forma parte de una organización criminal dedicada al tráfico, distribución o venta de vacunas anti-COVID-19.

Nada impide, entonces, que pueda ocurrir que sea un servidor público el que proporcione las vacunas (peculado por apropiación) que le han sido confiadas para custodiar movido por fines de lucro, o, por el contrario, consienta o permita que otra persona lo haga, entrando así en la cadena de actos de la vacunación clandestina, en la que intervienen médicos y enfermeras y por supuesto, las personas que se vacunan, siendo responsables, ya sea como autores, cómplices primarios o secundarios e instigadores.

En resumen, todavía es muy pronto para determinar qué tipo de hecho se ha cometido en la reciente vacunación clandestina, pero es indudable que estamos ante otro escándalo que afecta el sistema y proceso de vacunación organizado por el Minsa, por lo que es recomendable que las autoridades extremen medidas, a fin de evitar que se siga afectando la Administración Pública y la buena imagen del Estado panameño.

Notas: Pandemia de crímenes: https://www.semana.com/mundo/articulo/pandemia-de-crimenes/202100/; Agua o sustancias desconocidas en dosis, crece el negocio de las vacunas falsas de COVID-19, por Blanca Castro, https://es.euronews.com/2021/03/30/agua-o-sustancias-desconocidas-dosis-crece-negocio-vacunas-falsas-covid-19-interpol