Concesionarias portuarias que pasan agachadas

En su misión fiscalizadora, la Contraloría General de la República (CGR) informó, recientemente, que está en un proceso de revisión de las concesiones portuarias, “para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y el mejor beneficio para el Estado”.

En esa tarea, la CGR encontró que la empresa Panama Colon Container Ports (PCCP) ha incumplido en un 83,4 % el Contrato-Ley suscrito con el Estado en el 2013. La empresa, filial de Shanghai Gorgeous Group y Landbridge Group, que opera en Margarita, Colón, ha incumplido las cláusulas referentes a inversiones, canon de tarifas y generación de empleos.

De acuerdo con la CGR, la concesionaria PCCP se comprometió a realizar una inversión de $563.9 millones -aunque en su página web afirma que la inversión es por $1100 millones-, de los cuales $300 millones corresponden a la construcción de tres muelles y $263 millones están relacionados con otras obras de expansión portuaria. Una inspección de la Dirección Nacional de Ingeniería de la CGR y documentos aportados por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) estableció que la empresa solo ha invertido $104.2 millones, lo que representa el 16,6 % del total comprometido.

La empresa recibió en concesión por 40 años un área de 160 hectáreas, de las cuales 37 hectáreas estarían destinadas a la terminal portuaria con una supuesta capacidad para el trasbordo de 2.5 millones de contenedores, y las adicionales a la construcción, todavía en papel, de un parque logístico y una zona franca.

En cuanto a la cláusula que establece el canon y tarifas, la empresa debió pagar hasta abril del 2021 un total de $2.8 millones en concepto de metros cuadrados de fondo de mar otorgado en concesión. Sin embargo, el Estado solo ha recibido $1.8 millones, quedando un saldo pendiente de $1 millón, que ha dejado de percibir el tesoro nacional. De acuerdo con el registro, el último pago hecho por la empresa fue en el 2018.

“Este incumplimiento ha causado que el Estado deje de percibir la tarifa por movimiento de contenedores y su impuesto sobre la renta, muellaje, fondeo, faros y bollas”, dijo la CGR.

En su página web, PCCP aseguró que la nueva terminal portuaria “aportará al crecimiento socioeconómico del país y generará más plazas de trabajo dentro de la provincia de Colón y Panamá”.

Sin embargo, en su informe la CGR señaló que, en cuanto a la cláusula de empleo, la empresa PCCP estaba obligada a generar 800 empleos directos en la etapa de construcción, que ya debió haber concluido. Esa cláusula también ha sido incumplida, porque el concesionario solo ha contratado a 355 trabajadores. “Del mismo modo, el incumplimiento con la obligación de iniciar operaciones completamente a partir de junio imposibilita la generación de empleos en la parte operativa proyectada de 1000 contratos laborales”, añadió la CGR.

Actualmente, el sistema portuario nacional está compuesto por cinco concesionarios, de los cuales a dos se les renovaron los contratos en la administración pasada, en algunos casos en solo 24 horas, como el de Colon Container Terminal (CCT), administrado por la taiwanesa Evergreen.

La CGR concluyó, en febrero pasado, una auditoría a la empresa Panama Ports Company (PPC), la cual determinó que esa concesionaria ha cumplido en forma sustancial con las obligaciones que establece el Contrato-Ley de concesión, como prerrequisito para su renovación automática.

La cláusula 2.9 del Contrato-Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, entre PPC y el Estado, estableció que una vez terminado el plazo de los primeros 25 años “se prorrogará automáticamente por un periodo adicional de 25 años bajo los mismos términos y condiciones, siempre y cuando la empresa haya cumplido con todas sus obligaciones básicas, de acuerdo con este contrato”.

PPC asumió el compromiso de invertir $1000 en infraestructuras portuarias y la auditoría de la CGR reveló que la inversión superó los 1695 millones en los puertos de Balboa y Cristóbal. En el 2005, el concesionario había pagado $102 millones al Estado por la infraestructura recibida en ambos puertos, aunque tuvo que demolerla, porque no era útil para el trasbordo de contenedores.

El audito oficial demostró que PPC pagó al Estado entre 1997 y el 2020 un total de $445 millones por movimiento de contenedores y dividendos y que en ese periodo ha contribuido con $5935 millones a la economía nacional en inversiones realizadas, aportes al Estado, efectos indirectos y el valor agregado de las operaciones portuarias.

En resumen, hay concesionarias portuarias, como PCCP, que pasan agachadas y no cumplen con los compromisos contraídos con el Estado panameño. Otras, como PPC, no solo han cumplido en forma sustancial con sus obligaciones, sus operaciones portuarias contribuyen a la generación de empleos, al crecimiento de la economía, a incrementar los recursos del Estado y al desarrollo económico y social de los panameños.