Alberto Alemán Zubieta: la institucionalidad o la gloria

EX CANCILLER DE LA REPÚBLICA.

A pesar de que se ha convertido en un lugar común en el lenguaje de los políticos declarar que anteponen los intereses del país al de ellos o a los de sus partidos o, más demagógico aún, que no aspiran a los cargos sino que al ocuparlos se sacrifican por la patria, en Panamá escasean los gestos de grandeza y las posturas de estadistas cuando las coyunturas políticas colocan a sus ciudadanos en la encrucijada de escoger entre la conveniencia o la ambición personal y los valores superiores de la sociedad. Son pocos, pero los hay.

En 1964, Miguel J. Moreno, a la sazón candidato a la Presidencia por un partido de oposición, echó a un lado sus aspiraciones políticas para aceptarle al presidente Roberto F. Chiari la misión de representar a nuestro país en Washington, denunciar ante la OEA la agresión de que había sido objeto Panamá ese 9 de Enero y obtener de Estados Unidos el compromiso de negociar un nuevo tratado. En aquella ocasión Moreno —fallecido recientemente— fue despedido en el viejo Tocumen por una nutrida manifestación que, en un momento de fervor patriótico, lo arropó con la bandera nacional. Más que el éxito de su gestión, lo que le valió un sitial en la galería de los estadistas fue el desprendimiento de haber dejado de lado una candidatura presidencial y el rol de opositor para servirle a su país cuando fue necesario demostrar que todos estábamos unidos en torno a la vejación que habíamos sufrido.

Pues bien, en un remolino de escándalos sazonados con dimes y diretes, y bribonadas condimentadas con crisis políticas, quedó perdida una declaración de inmensurable e inusual grandeza del administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Alberto Alemán, hecha, como debe ser, ante los medios de comunicación y no mediante Twitter, oponiéndose a una reforma a la Ley Orgánica de la ACP concebida para permitirle permanecer unos años más en el puesto. Ocurre que en agosto de 2012, Alemán termina un segundo periodo de siete años como administrador, y la Ley sólo permite dos. Es decir, para que él pudiera permanecer más tiempo en el cargo, por un tercer periodo o por una extensión más corta, sería necesario reformar la Ley Orgánica, aprobada por unanimidad en 1997, y que nunca ha sido reformada.

Dudo mucho que haya un panameño que no valore y encomie la gestión de Alemán ni que considere que sería apenas de justicia que quien lideró desde el inicio el proyecto de ampliación pudiera concluirlo. Pero eso no es lo medular: es la institucionalidad. Y él, sabedor incluso de que la ciudadanía iba a recibir con complacencia la extensión de su mandato, prefirió anteponer la institucionalidad de la ACP (que es parte fundamental de los intereses de la Nación) a la gloria personal de culminar la construcción del Canal del siglo XXI. En un país en el que las leyes se cambian para satisfacer caprichos; en el que, cuando la persona escogida para un cargo no llena los requisitos, en lugar de buscar a otra se cambia la ley; posturas como la de Alemán merecen mayor reconocimiento del que ha tenido.

Visto desde otra perspectiva: si la ley se hubiera reformado para permitir la extensión de su mandato, a la junta directiva —la que, sin la intervención de ninguna otra autoridad nombra al administrador— se le habría dificultado no otorgársela, por el prestigio del que goza Alemán y el liderazgo que ha demostrado. Era la solución más fácil para todos: designar al mismo que, encima, cuenta con amplio respaldo ciudadano. Ahora, ante la negativa de Alemán, a ese organismo le espera una tarea mucho más compleja: designar un sucesor que mantenga los estándares de eficiencia y seguridad del Canal, y culmine su ampliación.

Cuando Álvaro Uribe promovía una segunda reforma constitucional para poder aspirar a un tercer mandato —tratando, una vez más, de acomodar la Constitución de Colombia a sus ambiciones personales— el presidente Obama le dijo que el gran mérito de George Washington no había sido ganar la guerra de independencia de Estados Unidos —¡que no es poca cosa!—, sino haber rechazado un tercer periodo presidencial en aras del fortalecimiento democrático del Estado recién nacido. Como no entendió la parábola, o quiso ignorar el mensaje, fue necesario un pronunciamiento de la Corte Constitucional de Colombia para detener la tropelía reeleccionista que Uribe, amparado en su inmensa popularidad, estaba por perpetrar. Para decirlo más claro: si a Uribe lo hubieran dejado ser candidato, habría barrido en las elecciones. Pero, aún por encima del querer popular, prevaleció la fortaleza institucional colombiana para impedir la perpetuación en el poder de un presidente, por más que las encuestas lo situaran al borde de la unanimidad del electorado.

Sí: Alberto Alemán ostenta, y ostentará para siempre, el honor de haber dirigido, como el último administrador de la administración norteamericana y el primero de la panameña, una transición ordenada e imperceptible; porta, y portará para siempre, el mérito de haber liderado a un equipo de panameños que ha manejado el Canal durante doce años con mayor eficiencia que los norteamericanos; cuenta, y contará para siempre, con el reconocimiento nacional por haber emprendido, con el respaldo mayoritario del país, la expansión de nuestro Canal. Pero la gran lección que nos ha legado Alemán, es la de haber antepuesto el imperio de la institucionalidad a la gloria efímera de cortar la cinta cuando la expansión haya incluido.

Exitoso como profesional de la ingeniería y exitoso como el administrador del Canal, Alemán no se dejó obnubilar por el halago ni lo infatuaron las reiteradas solicitudes de permanecer en el cargo. Cuando concluya su mandato el año próximo lo hará repleto de elogios y condecoraciones, cargado de resoluciones y reconocimientos, y con un galardón que muy pocos ostentan: el del estadista que supo defender, a costa de su propio interés, la institucionalidad, en este caso la de la entidad emblemática de nuestro país.