El narcotráfico ataca a la democracia

ABOGADO

Y a a nadie le parece ni extraño, ni de difícil comprensión que la delincuencia y la violencia sean el resultado de múltiples causas e impulsos generadores de otros tantos efectos que perjudican, gravemente, la convivencia pacífica, el disfrute de los derechos humanos y garantías constitucionales, el desarrollo del pueblo y el arraigo del Estado de Derecho y el sistema democrático en nuestro país.

En el diagnóstico del problema, Panamá ha identificado como factores críticos para cortar de raíz estos impulsos generadores: La incapacidad de retención del sistema escolar; la exclusión de grandes sectores de población del goce de derechos y beneficios sociales básicos; el crimen organizado, dentro del cual destacan el narcotráfico y el trasiego humano; la violencia doméstica; la proliferación y fácil disponibilidad de armas de fuego, entre otros.

Junto a estos factores, se identifican la debilidad y la vulnerabilidad institucional del Estado para prevenir la delincuencia y la criminalidad de manera integral, así como la de intervenir coercitivamente de manera adecuada. Con estas fallas, los agentes causales de violencia y delincuencia multiplican su capacidad de penetración, influencia y dominio social.

Sobre el narcotráfico en particular, factor que está detrás de gran parte de la violencia que nos afecta, es oportuno plantear que después de más de una década de lucha contra el narcotráfico desde la plataforma de la ONU, cabe preguntarse si las drogas están hoy más al alcance de la población o no; si el narcotráfico y las actividades ilegales que le son conexas causan menos daños a la población en términos cuantitativos y en términos cualitativos o no. Si el tráfico de narcóticos representa ahora una menor o una mayor amenaza para la institucionalidad democrática y la vigencia del Estado de Derecho; y, si en definitiva, existe una mejor y mayor conciencia y control sobre el perjuicio personal que causa el consumo de drogas a los ciudadanos, y si éste se ha reducido significativamente o no.

Estas interrogantes son válidas hoy para todos los países, y ya no son aplicables exclusivamente en función de la visión trilateral de países productores, países de tránsito y países consumidores. Sin pretender soslayar la realidad de que existen países con mayores concentraciones de consumidores y de recursos económicos para pagar el consumo de las drogas.

Ya la mayoría de nuestras sociedades experimenta un creciente grado de afectación, porque la introducción del narcotráfico ha producido oferta y demanda. Y, cada vez más, penetra y vulnera la economía formal, las instituciones de seguridad, las de administración de justicia y procura comprar al aparato político que da sostén a la vida en democracia. Hoy, se paga con drogas, dinero y armas a las pandillas que apoyan los esfuerzos del narcotráfico en nuestro país. También se incrementa la posibilidad de que se financien campañas electorales e instalen funcionarios de elección popular.

Nuestras autoridades policiales se esfuerzan por evitar que toneladas de drogas sean traficadas al mercado internacional a través de nuestro territorio y espacios marítimo y aéreo. Y, de manera progresiva, se esfuerzan por reducir el impacto destructor de la creciente parte que se está quedando en el país. Desde esta perspectiva, Panamá ha planteado su decisión de perseguir los delitos, mientras procura articular, lamentablemente sin mucho éxito, una estrategia de prevención de la violencia y la criminalidad.

Se han asignado grandes recursos presupuestarios en la adquisición de equipo y tecnología, sin invertir mayores esfuerzos en la profesionalización del personal de la Policía Nacional y en la capacidad operativa de esta institución, tal como se ha hecho en el Servicio Nacional Aeronaval y en el Servicio Nacional de Fronteras, que exhiben importantes éxitos en sus misiones de seguridad nacional, pero que no tienen una correspondiente equivalencia en la seguridad ciudadana que atiende la Policía Nacional.

Por otra parte, se ha dado relevancia al papel de la comunidad regional de naciones, en la esfera de la seguridad ciudadana. Así, el Sistema de Integración de Centro América (SICA), realiza ingentes esfuerzos para afrontar la criminalidad organizada y dentro de esta, el narcotráfico y delitos asociados.

La iniciativa Mérida fue un gran esfuerzo del gobierno de EE.UU. en la dirección correcta para apoyar la lucha contra el tráfico de narcóticos. Sin embargo, debemos reconocer, con sinceridad, que la magnitud de la amenaza enfrentada, la avalancha de perjuicios que acarrea este delito y los recursos de que disponen sus propulsores, supera con creces la suma de alrededor de $150 millones ofrecida a Centroamérica.

El escenario actual, reclama el máximo grado de solidaridad internacional, en una amplia gama de ámbitos. No sólo el económico, dada la evidente fortaleza del crimen organizado movilizado hacia nuestros países, sino también en el técnico, el operativo, en lo referente a la transferencia de experticia y de tecnología y en lo que tiene que ver con la prevención y el tratamiento de la población afectada, pues también las limitaciones y cortapisas en lo relativo a la confianza y colaboración internacional, son franjas de oportunidad que aprovecha el crimen organizado para facilitar su acción.

Se trata de la confrontación de problemas similares en entornos que ciertamente tienen sus particularidades por países, pero que si son enfrentados a partir de una visión integral que estimule la solidaridad, el intercambio de experiencias e información, sin duda permitirá que se establezcan también soluciones con amplios denominadores comunes, para el bien de nuestros pueblos.