La burla de las sesiones extraordinarias

El llamado por parte del Ejecutivo a convocar, desde el lunes 27 de mayo hasta el viernes 14 de junio de 2013, a sesiones extraordinarias claramente no representa los mejores intereses del pueblo panameño. La disposición está contenida en el Decreto 367 del 23 de mayo del presente año.

Una Asamblea Nacional que demuestre independencia y dignidad debe rechazar, al menos, 3 de las 11 pretensiones por ser antinacionalistas, contrarias al Estado Constitucional de Derecho y, además, por buscar ser protectoras de la corrupción, conforme explicare más adelante.

Es antinacionalista el proyecto que ‘autoriza al Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social para contratar profesionales y técnicos extranjeros de salud’. En Panamá, es un hecho público y notorio que existen suficientes nacionales que pueden ejercer con responsabilidad su labor en la administración pública. El ejercicio de la Medicina debe ser lo más parecido al ejercicio de la profesión del Derecho, pues, soberanamente, nosotros conocemos nuestra idiosincrasia y sabemos cómo resolver nuestros problemas.

Esto requiere de un gran debate nacional y no de la aprobación de una Asamblea Nacional donde no predomina la democracia, sino que predomina la tiranía de la mayoría y la ilegitimidad. El sector médico ha mostrado su disconformidad con esto, pues en otros países no permitirían a un panameño ejercer la Medicina de la manera que el Estado panameño pretende que ejerzan médicos extranjeros.

Esta autorización, a mi criterio, solo debe darse en casos de urgencia, cosa que el gobierno del presidente Ricardo Martinelli no ha probado ni declarado.

Es una burla al Estado Constitucional de Derecho el nombramiento de ciertos funcionarios (Secretaria Anticorrupción, Autoridad de Ingresos y Pasaportes) más allá del periodo constitucional del presidente Martinelli. Al tomar posesión el presidente, conforme al artículo 181 de la Carta Magna, juró ante Dios y a la Patria cumplir fielmente la Constitución y las Leyes de la República.

Sin embargo, está nombrando, en contubernio con la Asamblea Nacional, a funcionarios hasta el año 2020.

El artículo 177 de la Constitución Nacional establece que el periodo del presidente de la República es de cinco años y posterior a esto, en un país donde se prohíbe la reelección presidencial, no tiene poder alguno. La única manera de que un nombramiento se extienda más allá de un periodo constitucional es cuando, precisamente, está establecido en la Carta Magna, como lo están, por ejemplo, los nombramientos a 10 años del procurador de la Administración, el procurador de la Nación, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre otros.

Conforme al artículo 191 de la Constitución Nacional, el presidente es responsable con pena de destitución por extralimitación de funciones constitucionales. Claramente en estos casos se está atribuyendo funciones del presidente, no solo del periodo 2014-2019, sino también del quinquenio 2019-2024.

Por último, la Asamblea Nacional debe rechazar el proyecto que ‘adiciona disposiciones al Código Penal’. Le doy la razón al presidente del Colegio Nacional de Abogados cuando declara que: ‘Lo que hace la Asamblea es legislar en función de disminuir la capacidad que tiene el Ministerio Público para perseguir los delitos que tienen que ver con peculado y enriquecimiento injustificado, temas que involucran a los servidores públicos’.

Anteriormente, esta misma Asamblea redujo los tiempos de pena en estos casos y, ahora, pretende lo que denuncia el presidente del CNA. En este país basta ya de tolerar los actos de corrupción, debemos, tanto legal como socialmente, combatirla. La corrupción y el juegavivo son factores que han destruido países que eran muy prósperos. Las penas por los actos de peculado y de enriquecimiento injustificado, además de cualquiera contra la administración pública, lo que deben es endurecerse y facilitarse su investigación y posible condena. Destruir el futuro de nuestros hijos y dejar que sigan robando el dinero de todos (impuestos) es algo simplemente inaceptable. ¿A qué le teme el gobierno con esto?

La Asamblea Nacional tiene la delegación de todos los ciudadanos panameños. ¿Cuántos de ellos les han preguntado a sus electores si rechazan o aceptan los proyectos enviados por el Ejecutivo a sesiones extraordinarias? Un nuevo estilo de hacer política será mi gran lucha durante toda mi vida, pues hacer de la política una entrega de bienes materiales, sin debates y sin ideas, ha demostrado ser una gran estafa al pueblo panameño.

ABOGADO Y SUBSECRETARIO NACIONAL DEL PARTIDO POPULAR.