Tiempos de Al Capone

PERIODISTA Y DOCENTE UNIVERSITARIO.

A caba de conocerse que el presupuesto solicitado para el 2012 por las instituciones superaba los $17,000 millones, en una irresponsable muestra del derroche al que el gobierno actual mantiene expuestas las finanzas públicas. Finalmente fue fijado en $14,468 millones, lo que sigue siendo una cifra alejada de la realidad de las demandas sociales y las verdaderas necesidades del país.

Además de los miles de millones del Presupuesto General del Estado, hay que tomar en cuenta los recursos que aporta el Canal, que en el quinquenio serán alrededor de $4,500 millones. Se desconoce cómo se están empleando esos fondos, que formaban parte del acuerdo consensuado por los panameños dentro de la Concertación Nacional para el Desarrollo —menospreciada por Ricardo Martinelli y Cambio Democrático—, cuya finalidad era la redistribución del bienestar social ofreciendo a la mayoría ciudadana educación, salud, seguridad social y empleo.

Martinelli y sus socios no guardan la menor apariencia y actúan como si la impunidad fuera eterna. El actual gobierno ha modificado en cinco ocasiones la Ley de Contrataciones Públicas, para ajustarla a conveniencia de sus socios y las empresas beneficiadas. Cuando no es una contratación directa, a la que están habituados ministerios como los de Obras Públicas, Salud, Vivienda y la Caja de Seguro Social, entre otros, se descubren irregularidades en las licitaciones públicas, como acaba de ocurrir en la Autoridad de Aeronáutica Civil. Se ha eliminado, además, el control previo, porque al gobierno lo tiene sin cuidado la transparencia y la ética pública.

El escándalo alrededor del terreno de Paitilla, concedido primero con título posesorio, violando el Código Agrario, y luego entregado en propiedad a dos empresarios socios de Martinelli, solo representó un nuevo episodio que se suma al de ministros terratenientes, como los de Educación, Trabajo y Salud que adquirieron grandes extensiones de tierra pagando centavos. Desde el Ministerio de la Presidencia —que influye en negocios como el transporte público y depósitos de combustible— se creó la Autoridad Nacional de Tierras para regalar a conveniencia propiedades del Estado.

Martinelli se compadeció de su ministro de Turismo, señalado por vínculos con el narcotráfico y el tráfico de armas, como un pobre judío que antes de entrar al gobierno no tenía para pagar una hipoteca y ahora cuenta con casa propia. El ministro de Seguridad esconde cómo emplea su presupuesto. Además, el propio Martinelli denunció al ministro de Economía y Finanzas como evasor de impuestos. Ya lo dijo La Prensa, entraron millonarios para salir billonarios. ‘¿Cuándo se van a percatar los empresarios honestos y la gente trabajadora que cumple con sus obligaciones que estamos gobernados por una mafia en el mejor estilo de Al Capone?’, opinó una lectora en el mismo diario.

El gobierno desoye los llamados de organismos financieros internacionales, que recomiendan ser más rigurosos en el manejo de las finanzas públicas para mitigar los efectos de una recesión externa en la actividad económica nacional. Pero nadie en el gobierno le pone un alto al desenfreno.

Mientras en Brasil se ha creado una alianza entre el gobierno, los empresarios y la sociedad organizada para combatir la corrupción e imponer la ética como política, en la India activistas anticorrupción lograron que el Congreso discuta un proyecto de ley que prevé severas penas para las coimas y los sobornos, y en Islandia toma fuerza un movimiento para encarcelar a los políticos y banqueros corruptos, Martinelli desconoce los límites entre lo público y lo privado. La característica principal de su gobierno es la corrupción, el despilfarro, el desorden administrativo y la falta de rendición de cuentas.

Cada día se multiplican los delitos que comprometen a funcionarios del gobierno y a los socios del poder. No querer advertir hasta qué punto se contribuye a sembrar la propia desgracia, es un rasgo de los personajes trágicos que los griegos antiguos dejaron claramente retratados. Lo que el oficialismo se empeña en desconocer, incide profundamente en el ánimo social. No puede pretenderse mantener el rumbo a raja tabla sin políticas correctivas en lo institucional, en lo moral y también en la gestión. Ya se sabe qué les ocurre a quienes buscan prolongarse en el poder pisoteando la voluntad ciudadana. El ejemplo más reciente puede verse en el caso de Muamar el Gadafi.