Cleptocracia del narcotráfico

En todos lados del mundo el dinero es influyente en la política. Pero en Panamá, más que en ninguna otra parte, el dinero se concentra en pocas manos. Las razones primordiales de este suceso: Panamá tiene una de las peores distribuciones de ingresos y riquezas del planeta, y, por otro lado; al ser un sistema donde los diputados controlan el presupuesto estatal, el poder de decisión sobre las licitaciones estatales se ha concentrado en beneficiar a las empresas que cuentan con la bendición de los mismos. La concentración de plata produce la concentración del poder. A veces, el dinero puede más que la expresión de la voluntad popular.

El riesgo de que “las democracias” sirvan sólo a quienes acumulan dinero y no al pueblo panameño, en general, representa una amenaza sobre la construcción permanente de la legitimidad de un gobierno. Cuando en un sistema democrático el gobierno pierde legitimidad, tarde o temprano pierde autoridad. Se debilita su capacidad para actuar y ejercer el poder en el marco del Estado de derecho.

El dinero se vuelve decisivo en la agenda de campañas electorales: se debate o promete solución de algunos temas, pero otros son silenciados como, por ejemplo: la ley de extinción de dominio para políticos y corruptos o el rescate del programa de jubilaciones de Panamá. La influencia excesiva del dinero es aún más perjudicial para la democracia cuando su origen es ilícito, pues permite que el crimen organizado pueda gobernar y dictaminar las leyes que se deben o no aprobar por la nación panameña.

El dinero del crimen organizado puede provenir de distintas actividades delictivas, por ejemplo: la explotación ilegal de recursos naturales, la industria maderera ilegal, el tráfico de armas, lotería clandestina, los gota a gota, el tráfico de migrantes y su movilización mientras se encuentren en el país; y la que deja la mayor cuota de sangre en los barrios panameños para la búsqueda de votos: el narcotráfico.

La narcofinanciación de la política ocurre cuando los delegados del barrio terminan adoptando un comportamiento de supervivencia económica ante la demanda de recursos que genera el sistema democrático panameño y, las ganas de salir victoriosos en las urnas e igualmente de continuar en la carrera política para ostentar el poder de escoger las iniciativas de ley que deben aprobarse por el barrio.

En Latinoamérica estos fenómenos se replican desde hace décadas: Pablo Escobar fue escogido para el Congreso colombiano en 1982 con aspiraciones a ser presidente, las elecciones del 94 en Colombia estuvieron marcadas por el escándalo de “los narcocasetes”.

El objetivo es claro: la aceptación de recursos a cambio de un favor no autorizado en el caso de la victoria de dicho candidato en las elecciones, contribuciones financiadas violando la ética pública y el gasto de recursos en propósitos prohibidos, como la compra de votos. La financiación ilegal conlleva a otros delitos como el lavado de activos, defraudación y evasión fiscal.

Hay que destacar que los narcos no fueron los únicos interesados en financiar las campañas políticas panameñas cuando estas se volvieron caras, pues también estaban los empresarios con las licitaciones en sobrecostos de los hospitales, carreteras, escuelas, pero con las leyes del derecho a transparencia y las respectivas condenas se han vuelto poco atractivas.

No hay mucha diferencia entre empresarios del sobrecosto y la narcofinanciación: soborno, amenaza, agresiones, asesinatos y secuestros, siendo la intimidación un elemento recurrente para influir en los procesos electorales. El crimen organizado espera a cambio impunidad, leyes favorables y políticas que interesen a los delincuentes, tales como la colocación de inhibidores de señales de celular en las cárceles.

Si usted quiere saber si su candidato recibe dinero de las drogas, pregúntele si presentará alguna ley para la extinción del dominio.