¿Por qué no creemos en la justicia?

Si hiciéramos una encuesta a los panameños sobre su percepción de la justicia veríamos que la gran mayoría de los panameños no creemos que en Panamá exista la justicia. Como bien decía Roberto F. Chiari, lo que se requiere es la certeza del castigo, lo que haría a muchos pensar dos veces antes de cometer un delito, incluyendo funcionarios públicos que utilizan fondos del Estado para su propio uso o simplemente aceptan coimas y sobornos. En realidad, en nuestro país lo contrario es la verdad: el panameño tiene certeza de que quedará libre y no pagará castigo.

Algunos atribuyen el problema a jueces y magistrados, cuando la realidad del caso es que la falla es antes que lleguen al juicio o reconsideraciones. La gran falla está en los fiscales y los Procuradores que hemos tenido, comenzando por aquellos que respondían al presidente de turno, como antes a los generales de turno, convirtiendo sus investigaciones en un procedimiento dependiente del querer político de quien manda.

Por eso, cantidad de denuncias públicas y casos que el ciudadano esperaba se investigaran, terminan casi invariablemente en nada. Para el panameño común, en el caso CEMIS hubo delito y en su entender participaron diputados y hasta presidentes, así como directivos de partidos. Pero, ni al presidente del momento de la primera denuncia ni al que siguió les interesó que el fiscal encargado llegara a un llamamiento a juicio.

Al final del día, el expediente ha sido tan alterado y los procedimientos tan afectados, que el caso ya es injuzgable.

Para el ciudadano, a juicio solo llegan personas sin padrino y sin conexiones políticas. Los fiscales sí estudian esos casos y los llevan a juicio buscando la verdad. Pero, en los casos de denuncias a funcionarios o casos de corrupción de funcionarios, es otra la historia. Por eso el panameño sabía que cuando arrestaron al ingeniero municipal no hallarían pruebas y saldría sobreseído, como también al final del día en el caso de los Muñecos de Antaño, nadie quedaría condenado. Sabemos que no se podía condenar a Mingthoy Giro pero esperábamos algunos que el fiscal encontraría a alguien responsable de haberse llevado los muñecos. Ese caso es típico, políticamente el interés era arrestar y involucrar a la figura publica de Mingthoy, sabiendo que era inocente. Pero nunca se dio una investigación de la que nos sintiéramos todos satisfechos, simplemente se usó para desacreditar a Mingthoy y al gobierno de Torrijos, pero no encontrar la verdad.

La Corte no está libre de culpa, hoy muchos dudamos de su seriedad cuando acogen y no fallan un amparo que limita la acción del ente regulador de las casas de valores en el caso Financial Pacific. Nadie hoy cree en nada de lo que se desmiente en ese caso, todos creen que no se sabe la verdad porque no ha sido auditado ni investigado. Quienes manejan los hilos de la justicia, empezando por las investigaciones, saben que el tiempo es el mejor doctor. Los malestares causados por denuncias y escándalos se curan con el tiempo, un escándalo tapa al anterior y el panameño le pierde interés a las semanas. Los medios, por su parte, guiados y motivados por le rating o circulación, los dejan perderse en sus archivos cuando sienten que su audiencia ya les perdió interés, convirtiéndose en cómplices de las injusticias.

La pregunta que queda es si los fiscales realmente pueden investigar hasta el final un caso, o simplemente tienen que atenerse a la línea del procurador, que a su vez en el rumor popular no es independiente. Mientras tanto, el periodismo investigativo toma cada vez más importancia y pronto será más determinarte que la propia justicia local. Lo malo es que son muchos los involucrados en este mal manejo de las investigaciones.

Tomemos el caso de los descendientes de asiáticos asesinados en La Chorrera. Con dos de los involucrados bajo custodia, nadie cree que actuaban solos, muchos involucran en el rumor a miembros de la Policía, pero ¿ha habido una prolija investigación partiendo de los dos sospechosos? Nadie lo cree.

El resto del problema son los jueces y magistrados. Mi teoría es que jueces y magistrados infieren que en los casos de ciudadanos comunes a pocos les importa el resultado y por eso es común oír a fiscales y jueces cobrando para dar libertad, sea cierto o no. En los casos de personas influyentes la diferencia es que el precio es mayor, pero el juez y magistrado saben que el pueblo espera que ese rico pague por su libertad. Los casos difíciles son cuando las dos partes son ricos e influyentes, donde entonces nuestra justicia entra en pausa, fallos y reconsideraciones duermen el sueño de los justos.

Omar Torrijos, al inicio del proceso botó a todos los corregidores y nombró estudiantes de derecho del último año, según él estos todavía no habían sido corrompidos por el sistema. Lástima que no pudo hacer lo mismo con jueces y magistrados. En su momento el triunvirato Endara-Arias-Ford designó una Corte de lujo que a los meses mostraba el cobre, y su procurador al par de años lo destituyeron, unos dicen que por lo que hizo, otros que por lo que no hizo. La verdad en esos primeros meses nació el club la llave y todavía son ricos sus integrantes, donde abiertamente pedían para liberar cuentas. Mi duda es si alguien puede cambiar esto, salvo con una reforma constitucional.

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