Derecho universal a la salud: un desafío pendiente

Al inicio de su gestión, nuestros actuales gobernantes reconocieron en su Plan Estratégico de Gobierno que, “en Panamá, la salud no es igual para todos, enfatizando que los problemas de salud pública no son solamente por falta de presupuesto, sino por una mala gestión administrativa. La falta de coordinación entre Minsa y Caja del Seguro Social CSS, el desorden, la falta de planificación y la corrupción”.

Por esa razón, subrayando que la salud era un tema de Estado y de derechos humanos, manifestaron su compromiso de “garantizar el derecho universal a la salud con un sistema público de salud moderno, equitativo, eficiente, seguro y humano que avance por etapas coordinadas hacia un sistema integrado con servicios de calidad, con una gestión transparente, sin privatizarlo”.

Hoy, a las puertas de otras elecciones, es evidente que no se cumplió con el compromiso de garantizar el derecho universal a la salud, y la mayoría de los ciudadanos, de recursos financieros escasos o limitados, no están adecuadamente cubiertos por los servicios de salud esenciales que necesitan.

Pero esto no tiene por qué ser así, pues en este quinquenio el sector público de salud —Minsa y CSS— ha contado con un presupuesto cercano a los 50 mil millones de balboas. Cifra más que suficiente para garantizar a todos en todos los lugares de nuestro territorio el prometido derecho universal a la salud.

Cierto es que la pandemia de covid-19 y un contexto social y político muy complicado, tuvo un impacto significativo en el logro de esta cobertura en salud, agravando las desigualdades en salud, especialmente para las personas que viven en nuestras comarcas indígenas y provincias más pobres, quienes son más propensas a sufrir enfermedades y a tener dificultades para acceder a la atención médica.

En todo caso, aceptando las atenuantes que proporcionó el contexto global y nacional del quinquenio, el logro de la cobertura universal de salud —contando con los recursos financieros y una gestión eficiente y transparente—, sigue teniendo hoy las siguientes condiciones: el mejoramiento de la organización de los servicios de salud, desarrollando un modelo de atención de salud, centrado en las necesidades de personas y las comunidades; el fortalecimiento del primer nivel de atención mediante el desarrollo de equipos de salud multidisciplinarios y redes integradas de servicio de salud; la definición de los mecanismos para garantizar la coordinación efectiva de las instituciones de salud, para conformar estas redes integradas de servicios de salud, superando la fragmentación actual del sistema, y; el desarrollo de la necesaria coordinación intersectorial para abordar los determinantes sociales de la salud.

Este asunto de los determinantes de la salud cobra especial relevancia cuando examinamos los indicadores que reflejan la persistencia de condiciones adversas de salud, principalmente entre la población más pobre del país. Señalo tres ejemplos que demuestran esta aseveración.

En relación con la esperanza de vida, vemos que, los habitantes de nuestras provincias más ricas, viven casi diez años más y en mejores condiciones que los panameños de nuestras tres Comarcas indígenas. Peor ocurre con la mortalidad infantil, la cual es dos o tres veces mayor en las Comarcas que en las provincias más ricas. Y con la mortalidad materna, que es cuatro veces mayor en las Comarcas que en las provincias con menor índice de pobreza.

Entonces, es claro que no bastará con construir e inaugurar edificaciones, muchas veces innecesarias y, en no pocos casos, sin equipamiento ni recursos humanos. Para alcanzar ese derecho a la salud, debe ser una prioridad el abordaje efectivo de los determinantes sociales de la salud, el cual comienza con el desarrollo de un modelo económico centrado en el bienestar de la población.

En todo caso, la meta hoy sigue siendo la misma de siempre: “garantizar que todas las personas tengan acceso a un conjunto completo de servicios de salud, oportunos y de buena calidad, incluida la promoción, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. Esta nueva situación también debe garantizar protección frente a los riesgos financieros derivados de la asistencia sanitaria”.

En ese sentido, es propicio recordar —y ojalá el nuevo gobierno la aproveche— que, en la última reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los dirigentes mundiales —incluidos los nuestros— aprobaron una nueva declaración política titulada “Cobertura sanitaria universal: ampliemos nuestras aspiraciones para la salud y el bienestar en un mundo pos-covid”.

Como señalé hace cinco años, reitero ahora que, la principal oportunidad para salvar el sistema de salud y alcanzar la cobertura universal de salud en Panamá son las elecciones de mayo del 2024. Elijamos los candidatos que hayan demostrado con su trayectoria poseer los elementos obligados de la ética pública, en especial la probidad en el uso de los recursos públicos y, no menos importante, que muestren y sustenten planes de Gobierno basados en el conocimiento científico disponible, trascendiendo los discursos elaborados con palabras agradables y convincentes.