• 20/10/2019 00:00

¿En qué han convertido al país?

En un país donde impera la corrupción y la impunidad, donde ello se pretende esconder a través de “shows” que escenifican diputados que no representan a sus representados.

En un país donde impera la corrupción y la impunidad, donde ello se pretende esconder a través de “shows” que escenifican diputados que no representan a sus representados. Magistrados que hablan de compra y venta de fallo, que también escenifican “shows” y que junto a jueces generan tecnicismos legales para dejar en libertad a delincuentes de cuellos blancos. Un país donde existe una justicia para los ricos y otra para los pobres, siendo los hijos de la cocinera los únicos que están en la cárcel.

En un país donde la partidocracia se reúne en costosos restaurantes para armonizar sus intereses económicos. Misma que establece pactos de gobernabilidad, que aprueba en forma unánime en la Asamblea Nacional, con sus aliados “independientes”, proyectos de ley lesivos a los intereses nacionales y sociales. Que defiende las planillas de los diputados.

En un país donde crece el desempleo y la informalidad, donde se despiden funcionarios, pero se nombran “asesores” con sueldos de cuatro, siete y hasta 10 mil dólares, cuestionados por escándalos durante sus gestiones públicas o por tener como “mérito” el ser hijo, hermano, sobrino, copartidario, socio de algún ministro, director o diputado. Qué decir de los nombramientos en el cuerpo diplomático, donde se violentan los estudios de profesionales idóneos. Además, a los jóvenes, que sufren la mayor tasa de desempleo, se les pide trabajo gratuito, so pretexto de la necesidad de experiencia laboral.

En un país donde los grupos privatizadores de la CSS nos pretenden imponer la idea de que, para sostener el Programa de IVM, debemos vivir poco luego de alcanzar la jubilación o pensión, ya que ser longevo es pecado. Quieren aumentar la edad de jubilación, las cuotas, la densidad y reducir pensiones para cumplir las exigencias del FMI y favorecer los intereses de empresas administradoras de pensiones.

En un país donde los 115 ultramillonarios que concentran la riqueza de este país, niegan el derecho a un salario justo a la clase trabajadora. Un país con más de 30 años donde no hay aumento general de salario, a pesar de que la ciudad de Panamá está en la lista de las más caras del mundo (puesto número 20). Donde la patronal pretende convencer de que no se puede dar aumento de salario mínimo, pues ello incrementaría los precios de los bienes y servicios necesarios, a pesar de que los precios de los alimentos aumentan todos los meses (en julio se presentó el aumento más alto de los últimos cinco años), las tarifas de la electricidad siguen aumentando, el gasto de bolsillo de salud (dado el deterioro provocado en las condiciones de salud pública) ronda los B/. 50 mensuales. Un país con más de 34 salarios mínimos, donde ninguno cubre el costo de la canasta básica ampliada (alimentos y otros servicios necesarios). Es necesario un aumento general de salarios y salario mínimo acompañado de disminución y congelamiento de los bienes y servicios necesarios, para poder cerrar la creciente y profunda brecha entre salario y costo de vida. Somos el sexto país con peor distribución de la riqueza.

En un país donde se recorta el presupuesto de educación y salud, mientras se destinan altas sumas de dinero para publicidad del Gobierno y se mantienen los gastos suntuarios. Un país que tiene proyectado destinar más del 30 % del presupuesto del 2020 para pagar deuda, mientras invertirá menos del 20 %.

En un país donde no se pretende adecentar, donde no se tiene como visión el desarrollo económico y social, donde no hay garantía de justicia y protección ambiental. En un país donde en medio de la profunda crisis institucional, se pretenden imponer parches constitucionales que saldrán de una desprestigiada Asamblea Nacional, un referéndum gestionado por un cuestionado Tribunal Electoral; pero que, además, se plantea como opción de los grupos de poder irse a la constituyente paralela, un escenario que también garantiza reformas que legitimarían las medidas neoliberales ilegalmente impuestas y las nuevas formas de acumular ganancias.

Para enfrentar esta realidad es necesario que el pueblo sea artífice de su destino, para ello tenemos que redoblar nuestros esfuerzos de organización. Autoconvocar a una Asamblea Constituyente Originaria para refundar el país es urgente.

Secretario general de Conusi-Frenadeso.
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