Políticas públicas o delitos de lesa humanidad

ECONOMISTA Y EDUCADORA.

La semana pasada se caracterizó por protestas populares. La Asociación de Jubilados Independientes, encabezada por Eladio Fernández, en la Plaza 5 de Mayo, hizo sentir su desacuerdo frente a las medidas tomadas por el Ejecutivo de otorgarle el aumento prometido a las pensiones, de manera escalonada hasta el 2013.

Según las declaraciones del dirigente Fernández, la medida es tremendamente injusta, toda vez que, ‘... se trata de un aumento para un grupo de edad avanzada, donde muchos podrían fallecer antes de recibir el beneficio...’. Motivo por el cual, ellos continuarán en las calles, hasta que, se haga justicia, pagando los B/.50.00 prometidos por el presidente, en una sola partida, este año. De igual manera, diversas asociaciones de médicos y gremios de funcionarios de la Caja de Seguro Social (CSS); así como grupos sindicales y organizaciones independientes, manifestaron su insatisfacción frente al desabastecimiento de medicamentos, la ausencia de implementos, equipos para brindar atención eficiente a los pacientes; la falta de medidas de bio-seguridad y comunicación oportuna, en el caso de la bacteria KPC.

La Comisión Médica Negociadora (COMENENAL), expresó que: ‘... los hospitales están en abandono y las autoridades de salud, sólo aplican medidas de apaga fuego’.

Lo cierto es que, mientras el pueblo se debate en la incertidumbre frente a un problema de sobre/vivencia, a dos años de la administración Martinelli, los políticos de gobierno u oposición continúan con el juega vivo, la serruchadera de piso y las artimañas para ver quien asegura el poder en el 2014, sin preocuparles la suerte del pueblo.

Dentro del gobierno los intereses personales, empresariales y políticos van viento en popa, sin importar el fuego intestino que se provoque, con tal de lograr la ejecución de megaproyectos millonarios no prioritarios, como la Torre Financiera (Tusa) o el nuevo Centro de Convenciones de Amador. Mientras se recorta el presupuesto de Salud, el cual ‘presuntamente’ hace frente a la carencia de insumos y equipos elementales, en hospitales públicos y centros de salud, por lo cual ignoran las apremiantes necesidades del pueblo.

En cuanto a la KPC, es conocido que en todos los hospitales del mundo existen bacterias nosocomiales, pero no proliferan producto del cumplimiento de las normas de bioseguridad por las administraciones.

La situación acaecida en la CSS, con el descontrol del manejo de la bacteria KPC, donde por algún motivo (desinterés, ahorro o incompetencia), se rompió la cadena de bioseguridad, desprotegiendo a pacientes y personal del Complejo, deja dudas razonables, considerando que en ocasiones aparecen crisis oportunas, que sirven como argumento para justificar privatizaciones bajo la figura de externalizaciones.

El escenario planteado merece reflexión de quienes gobiernan y de la población, ya que el desarrollo de un país depende de la voluntad y capacidad para implementar políticas eficientes, que respondan a la solución de los problemas de la sociedad y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de un país. Además de las destituciones que corresponde a los administradores, hay quienes consideran que caben penas de prisión y sanciones pecuniarias personales, por lesa humanidad.