El control territorial de Panamá

ABOGADO

El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad fundamental de proteger al país de los riesgos y amenazas. Estos son los que afectan su estabilidad política e integridad territorial, tomando en consideración la incidencia de los aspectos externos e internos que perjudican el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas indispensables para la realización y el desarrollo individual y colectivo en la sociedad panameña en democracia.

En la conferencia Especial de Seguridad Hemisférica de 2003 celebrada en México, fueron identificadas como amenazas el terrorismo, el crimen organizado internacional, el tráfico de drogas, el lavado de activos, la trata de personas, los ataques cibernéticos, el tráfico masivo de inmigrantes ilegales, el tráfico ilegal de armas de destrucción masiva, convencionales, explosivos y municiones. Incluye también la corrupción generada en las sociedades. La violencia y los homicidios horrendos de factura aparente del crimen organizado asociado a las pandillas nacionales, han llegado a un extremo jamás visto en Panamá.

El control territorial y de las fronteras de nuestro país frente a tales amenazas constituye un importante eje de la seguridad. Éste reduce los efectos nocivos de aquella. Especial interés cobran dos importantes instituciones públicas responsables del movimiento desde y hacia nuestro país de personas y de mercancías: la autoridad Nacional de Aduanas (ANA) y el Servicio Nacional de Migración (SNM).

La misión de la ANA ha sido de carácter fiscal. Recauda impuestos de importación. Además, combate el contrabando. En ambas funciones se han dejado de lado los aspectos de seguridad. Ese arcaico concepto no toma en consideración que, a la luz de las estipulaciones de la OMC, los impuestos de importación perderán su importancia y que el contrabando solo lo será para la mercancía ilegal.

La misión aduanera es facilitar el comercio y el transporte internacional seguros. Aprovecha sus ventajas competitivas para mejorar la economía nacional. Ese es el nuevo rol de las aduanas modernas; pues, por la misma cadena logística por donde se mueven las mercancías, también transitan los productos que violan la seguridad internacional. La visión estratégica de la ANA se enmarca, entonces, dentro de un concepto más amplio en las relaciones económicas internacionales.

La misión del SNM está determinada por el control del movimiento migratorio de personas desde y hacia Panamá. El concepto de visa y su otorgamiento para los ciudadanos de ciertos países se utiliza como el principal elemento de control. Habría que considerar si la información que se proporciona, garantiza saber quiénes son realmente los que entran y salen del país.

Panamá promueve en lo internacional su apertura para el turismo, las inversiones y los negocios. Ello implica garantizar mecanismos ágiles de ingreso y salidas de los viajeros. Habría que observar un equilibrio entre la apertura del país para el movimiento de personas desde y hacia Panamá, garantizando que las mismas no se constituyan en una amenaza para la seguridad del país.

Ambas instituciones han estado tocadas por escándalos, actos de corrupción y violaciones de la Ley. Ahora un comisionado de la PN dirige el SNM, lo que implica la prioridad en materia de seguridad que se otorga a esa institución.

Recientemente se ha propuesto, improvisadamente, la unión de estas instituciones, a partir del ejemplo en los Estados Unidos. Se dice que en ese país ambas instituciones funcionan como una sola.

En Estados Unidos existen dos instituciones responsables de las funciones aduaneras y migratorias. Se trata de la Agencia de Protección de Aduanas y Fronteras (Custom and Border Protection), constituida por los agentes federales uniformados de Migración y Aduanas. Ésta, tiene control de los puertos y entradas de personas y mercancías. Por su lado, también existe la Agencia de Investigación de Aduanas e Inmigración (Inmigration and Customs Enforcement), responsable de las investigaciones y seguimiento judicial de las violaciones a la legislación migratoria y aduanera. Esta institución trabaja de civil y tiene extensas conexiones con el sistema judicial.

La unión de la ANA y el SNM, no debiera realizarse a la ligera. Ello implica, en primer lugar, una redefinición de sus misiones institucionales y la convergencia de las mismas en una sola, destinada al Control Territorial del país. A su vez, este control demanda un eficiente sistema de coordinación con las instituciones de la Fuerza Pública (SENAFRONT y SENAN), que protegen el territorio nacional.

Será necesario un nuevo marco legal y reglamentario de la nueva institución, que garantice el comercio y el movimiento de personas seguro. Por otro lado, se requiere un proceso de reingeniería organizacional que dote a la institución de autonomía administrativa y operativa al tiempo que se fortalecen las funciones de seguridad, a partir de una tecnificación y profesionalización de toda la institución. Obviamente, por su nuevo rol, la institución debe quedar bajo el Ministerio de Seguridad Pública.

Hay que fortalecer su desarrollo tecnológico, dirigido a la simplificación y sistematización de los diversos trámites que se llevan a cabo. Además, se impone incrementar el presupuesto institucional y el salario de los funcionarios, ante las notorias carencias de orden presupuestario y los bajos niveles salariales que se ofrecen actualmente.

Se debe desarrollar una cultura de la transparencia y combate a la corrupción, mediante el fortalecimiento de la función de investigación. Finalmente, es prioritario la mejora y modernización de la infraestructura aduanera para llevarla al nivel de la de migración.

En síntesis, la fusión de Aduanas y Migración se inscribe en busca de mayores niveles de productividad y eficiencia, y simplificación de la gestión aduanera y migratoria. Propicia, además, un nivel adecuado de control territorial. No reparar en lo delicado del asunto, o hacerlo al apuro, pondría en riesgo las ventajas que bien puede aportar la fusión.