Tribunal especializado en tierras

En los últimos días, dos de los más prestigiosos diarios del país: La Estrella y La Prensa , han dado mucha prominencia a varios problemas surgidos de la posesión de tierras en Bocas del Toro. No obstante, y para conocimiento del público, hay, cientos o quizás miles de otros casos pendientes de solución en el país, incluyendo muchos relacionados con propiedades horizontales.

Al respecto, cada día se hace más necesaria la creación de un Tribunal de Tierras o Tribunal de Bienes Inmuebles que les dé pronta solución. Las solicitudes de prescripciones adquisitivas; los derechos posesorios de muchos campesinos; los casos de Sea Cliff; la ¿venta? de islas y litorales a precios de ganga, como han sido los casos de Punta Chame y otros; los reclamos que surgen producto de la ineficiencia y hasta de corrupción de más de 30 ó 40 años, de la Dirección de Catastro; los fallos de jueces sin verdadera sustentación legal; las concesiones otorgadas por los gobiernos, tanto en áreas revertidas como en otros terrenos nacionales o las violaciones de ellas; las solicitudes presentadas por indígenas sobre tierras que dicen tener dueños; amén de las controversias que surgen a menudo entre particulares, tanto en cuanto a promesas de compraventa, como por las compraventas propiamente tales, de propiedades, más que lo justifican.

Todo lo anterior y dada la importancia del tema inmobiliario, que es pilar fundamental dentro del sistema capitalista de libre empresa, se exige la existencia de una entidad especializada en resolver estos casos con verdadera justicia y celeridad. Los tribunales ordinarios están inmersos en pleitos o conflictos de otras naturalezas y, además, cargan con una enorme mora judicial que no pueden alcanzar a atender, por lo que tales jueces no logran un grado mínimo de especialización en esta materia tan especializada y delicada. A este respecto podemos mencionar que ya existen otros tribunales especializados, tales como el Marítimo, el de Menores.

En el 2003, propuse públicamente la creación de este tribunal y la misma recibió acogida favorable de ACOBIR, de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Nacional y hasta de algunos magistrados de la Corte, pero el gobierno de turno no le dio calor y el tema feneció.

La seguridad jurídica exige la pronta creación de tribunales especializados en bienes inmuebles, que cuenten con su propio cuerpo de agrimensores y demás personal técnico de apoyo y en contacto directo con Catastro. No podemos continuar improvisando con esta última institución, que hasta rehúsa tomar decisiones; ni con los municipios y corregidores, que no tienen ni idea de lo que se trata y tampoco les interesa, y que, además, frecuentemente incurren, impunemente, en desacatos al incumplir las órdenes de lanzamientos, pero no hay quién logre hacerlos cumplir con la Ley.

Un Tribunal de Tierras, o de Inmuebles, es apenas una parte de la solución, aunque es la más importante, pues ello se debe complementar con una verdadera eficiencia en el Catastro, en Reforma Agraria, en el Registro Público y demás instituciones relacionadas al tema.

Increíblemente, como expresé en un artículo anterior, quienes roban algún bien, van a la cárcel, pero quienes se roban un terreno, no solo no van a la cárcel, sino que se les premia regalándoles el mismo terreno.

Todos estamos fincando muchas esperanzas en el nuevo gobierno y confiamos en que, dentro de la cola de arrastre de enormes problemas recibidos por ineficiencia manifiesta de los anteriores, pueda dedicarle el interés que este tema se merece.

*Empresario.jcorream@cwpanama.net