Violencia institucional en Panamá

Durante la pandemia se dejaron de realizar las pruebas de tamizaje contra el cáncer y los actores de la atención primaria de salud se enfocaron, -ante la necesidad- en combatir la covid-19 y las secuelas inmediatas de estas. Panamá trajo en cartelera en septiembre 2023: la boricua influencer María Celeste reclamando por la violencia institucional que sufren los panameños.

La violencia institucional es cuando el poder del Estado se usa para causar daño y reforzar los mecanismos establecidos de dominación; y autores como Dane Curtin y Robert Litke (Institutional violence, 1999 Atlanta, Estados Unidos), extienden este concepto al sistema de salud. Uno de los ejemplos más claros es el que se denunció hace pocas semanas: el Estado panameño recortando fondos del Instituto Nacional de Oncología.

Pero es que la violencia institucional en la salud panameña es lo usual: los recortes de fondos de atención primaria, falta de nombramiento de médicos generales en áreas de difícil acceso, la negativa de licencias para que cirujanos generales estudien coloproctología o los ginecólogos estudien ginecología oncológica, la falta de compromiso de pagar las escalas salariales para que los médicos sub-especialistas o especialistas se mantengan laborando en el sistema público, aunado a la actual disminución de plazas de internado y disminución de plazas de residencias médicas.

No se entiende la actual política institucional, donde se invierten millonarias sumas de dinero en construcciones que se están licitando y ejecutando, pero sin formarse/capacitarse el talento humano en salud indispensable para el óptimo funcionamiento de ellas. De la misma manera que el presidente regalaba novillos de alta genética a los productores panameños; el gremio médico hubiera esperado muchas becas de subespecialidades médicas para formarse contra la lucha del cáncer en los mejores hospitales del mundo.

Ciertas preguntas debemos hacernos, como ciudadanos panameños comprometidos, responsables y -con sentido de pertinencia-, ante tales millonarias inversiones: ¿Cuántos radioncólogos para usar radioterapia de intensidad modulada se están formando para una inversión panameña de más de 200 millones de dólares ? ¿Existe un caballo de Troya en la planificación de atención primaria de la salud en la institución que maneja el 80% de la población?¿Existe relación entre falta de agua potable en las comunidades y el aumento de enfermedad renal crónica que necesite máquinas de diálisis?

¿ Cuántas tomografías oportunas o citas con médicos especialistas oportunas o tener el insumo oportuno ( por ejemplo las agujas trucut en la consulta externa para detectar cáncer de próstata o de mama ) se han dejado de realizar y hemos pasado de un cáncer en etapa temprana ( tratable ) a un cáncer en etapa tardía ? ¿Por qué no hay dobles jotas para la cirugía urológica oportuna?

El monopolio de la formación de especialistas para la atención primaria en salud y las especialidades para formar sub-especialistas en cáncer, está controlada por una institución que es autónoma cuando le conviene y pública cuando el gobierno quiere magnificar su mediocre trabajo. Ellos son los que niegan las licencias de estudios para especializarse contra el cáncer.

La opinión pública es lo que motiva a los candidatos a ofrecer sus ofertas electorales, pero es indispensable que la sociedad panameña no caiga en la manipulación de inversiones politiqueras millonarias que en nada solventará la salud del panameño y generarán ganancias a las empresas constructora del diputado.

Las cifras de cáncer y hemodiálisis en aumento son fallas de la disminución de la planificación e inversión en la atención primaria de la salud panameña, falta de supervisión del medio ambiente y contaminantes, si hay para comer, de la falta de agua potable y al manejo de aguas servidas, que los políticos debieron haber resuelto.