Cuentas claras

La Dirección General de Ingresos (DGI) acaba de firmar un contrato a ciegas, pero eso sí, con una cláusula penal como las que se establecieron para los corredores. Lo extraño es que sí dejó claro cuánto se debe ganar la empresa beneficiaria y cuánto hay que pagarle si otro gobierno quiere sacarlos de la jugada. Los contratos directos tienen su porqué y la ley especifica cuándo y cómo hay que hacerlos. El contrato firmado por la DGI lejos está de cumplir con lo legal y, por el contrario, deja entrever que se quiso beneficiar a alguien en particular. El gobierno, en aras de la transparencia, debe echar para atrás lo actuado y llamar a licitación pública, si quiere tercerizar la cobranza de la cartera morosa. No es posible que a estas alturas y con todo lo que se habló de los contratos chuecos de los corredores —muy criticados por el MEF— la DGI nos sorprenda con otro entuerto.