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22 de Jan de 2021

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Redacción La Estrella de Panamá

Entre Líneas

Toda la verdad

Es necesaria una legislación transparente sobre cómo pueden los estamentos de seguridad interceptar comunicaciones

La interceptación de comunicaciones es uno de los delitos más graves que puede cometer un servidor público, no importa la jerarquía que ostente. El derecho a la privacidad de las comunicaciones es sagrado. Poco a poco, seguimos enterándonos, por el trabajo de los medios de comunicación, cómo estas prácticas se generalizaron durante la administración Martinelli. Luego, gracias a intrusos informáticos —los llamados ‘hackers'— también hemos conocido los detalles de contrataciones a una empresa italiana que brindó su tecnología y servicios para que el Gobierno panameño espiara a sus ciudadanos. No hay excusa para esto y, encima, que se sufragase con dineros del erario. Para llegar al colmo, hoy sabemos que en las administraciones Torrijos y Martinelli, estos equipos han terminado ‘extraviados' y sepa Dios en qué manos. Podríamos aceptar, a beneficio de inventario, la tesis de que la actual administración tiene un compromiso de no dedicarse a estas andanzas. Pero, en esto se requieren más que palabras. Primero, una investigación independiente y a fondo para conocer toda la verdad sobre estas escuchas y, segundo, propiciar una legislación transparente sobre cómo los estamentos de seguridad pueden realizar estos procedimientos amparados por autoridad judicial y para combatir el crimen y resguardar la seguridad nacional. Nada más, pero nada menos.