Nuevo reto a la institucionalidad

Nuevamente nuestro país ha sido objeto de atención internacional ante un hecho deplorable, la extradición de un ex presidente de la República, luego de encontrarse detenido por casi un año en una cárcel de los Estados Unidos. Independientemente de los méritos o no de los procesos seguidos al expresidente, la realidad es que este procedimiento —con la atención nacional e internacional que ha convocado— expone, una vez más, la institucionalidad de nuestro país. Es a la Corte Suprema y a sus nueve magistrados a los que les corresponde administrar justicia en este caso, por razón del cargo de diputado ante el Parlacen que ostenta Ricardo Martinelli, prerrogativa a la que, por vergüenza, hace meses debió renunciar. Lo que no se debe obviar es que esa Corte Suprema de Justicia sobre quien recae la confianza y credibilidad de este histórico caso es un tribunal del cual dos de sus miembros tienen sus periodos vencidos, otro ejerce como suplente en atención a que el magistrado principal fue condenado por la Asamblea Nacional y, como si fuera poco, la Presidencia de la Corte la ejerce interinamente el vicepresidente, porque el presidente renunció a su caso. Todo esto por la incapacidad del Órgano Ejecutivo de proponer candidatos que recibieran la aprobación de la Asamblea. Nuestro sistema de administración de justicia ha sido acusado por selectividad y también por estar politizado, todo indica que no tiene la capacidad para afrontar este reto y, menos uno más grande que son los miles de casos que involucran a los panameños de a pie. Sin duda, nuestro país vive momentos definitorios y lo que está en juego no es la suerte de una persona, es el futuro mismo de la República.