Una ley necesaria

H ace poco más de un año se presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley que denominaban ‘muerte civil', con la cual se pretendía evitar que las personas condenadas por delitos de corrupción sean designadas en el Estado, electos por votación popular o que no puedan indirecta o directamente hacer negocios con el Estado. La iniciativa, empero, quedó en la gaveta del Legislativo y Panamá sí necesita de una legislación que combata con certeza la corrupción. Algunos países como Colombia y Perú, han optado por la Ley Antisoborno, que no es más que la sanción pecuniaria contra las empresas nacionales y extranjeras que incurran en prácticas corruptas para obtener contratos con el Estado. En Colombia, la Ley Antisoborno también obliga a todas las empresas a que implementen mecanismos adecuados y suficientes de control junto con programas de ética empresarial, para mitigar los riesgos que se derivan de una eventual infracción o violación de normas. Mientras que en Perú, la legislación se encuentra alineada con el estándar estadounidense conocido como ‘respondeat superior', según el cual las empresas deben responder penalmente por las conductas de sus empleados o agentes cuando llevan a cabo acciones delincuenciales dentro del alcance de sus funciones laborales y que, además, dichas acciones le generen a la compañía algún tipo de beneficio. En pocas palabras, los mecanismos para frenar la corrupción existen, solo ha faltado voluntad de quienes gobiernan. El nuevo Gobierno debe mandar un mensaje claro, aprobando una Ley Antisoborno para Panamá.