Conforme estaba previsto, ayer, el Consejo de Gabinete abrió la convocatoria para suplir la silla vacante en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), más cuatro vacantes en las suplencias de magistrados, también se piden postulaciones para los nombramientos de dos magistrados, que corresponde designar para el periodo 2020—2030. Si hubo algo en lo que el Gobierno de Juan Carlos Varela falló y falló grandemente, fue con la Administración de Justicia. El país esperaba mucho —porque así lo exigían las circunstancias—, sin embargo, fue deficiente; al extremo de que uno de los magistrados por designar cubrirá una vacante que tiene casi dos años de espera. Ahora, el nuevo Gobierno ha optado por acogerse al procedimiento previsto por el Pacto de Estado por la Justicia. Igualmente, las expectativas son altas. En cuatro meses, entrarán a formar parte de la CSJ nueve funcionarios nuevos, tres como principales y seis como suplentes, cuatro de ellos en la Sala Segunda de lo Penal. No se ha dado una inyección de sangre nueva así, en la CSJ, desde inicios de los años 90. Es de esperar que la ciudadanía fije sus esperanzas en este trascendental recambio. Se podrá decir que la Justicia requiere mucho más que cambio de magistrados, que lo que se necesita es una transformación de fondo. Empero, a fuerza de ser pragmáticos, lo que tenemos enfrente son estos nombramientos. Si bien, la ‘pasarela', como algunos han llamado a este método de escogencia, no se ha traducido en los mejores magistrados, tal vez ha llegado el momento de clamar por patriotismo a aquellos ciudadanos que se consideren aptos para un buen servicio/sacrificio por el país y que presenten sus nombres, para que el Consejo de Gabinete tenga las mejores opciones para nombrar y la Asamblea para aprobar.

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