Sueldos y equidad impositiva

La población siente el alza general en el precio de los alimentos, bienes y servicios, consecuencia del precio internacional del petróleo, que sumado a la especulación existente impacta con más severidad la economía doméstica.

Esta situación causa un efecto irreparable de perdida en el poder adquisitivo del consumidor. Mientras los precios suben, los salarios permanecen inalterables. Situación comprobable en el supermercado. Con la misma cantidad de dinero, ahora se compran menos productos que antes.

Esta realidad trajo consigo manifestaciones y protestas estudiantiles, sindicalistas, gremios docentes y comunitarios. Ellos exigen al gobierno aumento general de sueldos, no solo del salario mínimo. Eliminar excesos innecesarios como los exorbitantes gastos en publicidad, presupuesto que sobrepasa los 40 millones de dólares.

Aún cuando en el 2010 entró en vigencia el aumento del salario mínimo (aprobado por la gestión Martinelli), su impacto fue casi nulo producto del constante incremento en los precios, primordialmente en los de la canasta básica familiar.

Un alto porcentaje de la población coincide en que el costo de vida se ha encarecido tanto que se amerita un aumento general de sueldos; sin embargo, para que esta medida sea efectiva, debe venir acompañada de una congelación de precios, de lo contrario se repetirá lo sucedido en el 2010.

Tanto el panameño de a pie, como expertos en materia económica/política y social, concuerdan en que para hacer frente a la actual escalada de precios es conveniente poner en ejecución un plan de austeridad que contemple la eliminación de gastos gubernamentales, en proyectos o eventos no prioritarios.

Es importante que las acciones ejecutadas por las autoridades, en los distintos órganos del Estado, estén cimentadas en la aplicación de leyes justas y equitativas.

Vivo ejemplo es la denuncia realizada por el abogado Ernesto Cedeño Alvarado, publicada por diversos medios, sobre la recién aprobada Ley 31 de 5 de abril de 2011. Dicha ley modifica el Código Fiscal y, ‘... exoneran de los impuestos reglamentarios para la prestación de servicios relacionados con la preparación y entrega en sitio de cemento, aditivos y sus derivados que realicen los subcontratistas de los contratistas de la Autoridad del Canal, del proyecto en cita; así como las transferencias de cemento, aditivos y sus derivados, por el mismo concepto’.

Acciones como éstas, sin mayor sustento, evidencian claramente que la medida adoptada va dirigida a beneficiar al Consorcio Unidos por el Canal. ¿Pero quiénes más saldrán beneficiados? Esa exoneración de impuestos millonarios pudo entrar al Fisco para sufragar la inversión de obras sociales o infraestructuras. Tal como el merecido aumento de B/.50.00 a los jubilados, entre otras acciones que pudieran atenderse.

Mientras a empresas millonarias se les exonera, el gobierno otra vez pretende introducir nuevos impuestos a la clase media. Primero a la telefonía celular por contrato y por cable, después vendrán otros que, sumados al impacto negativo al bolsillo del trabajador, deja una estela de dudas sobre la equidad en las leyes y justicia social.

*ECONOMISTA Y EDUCADORA.