Corredor Sur... una compra ’leonina’

‘ Hemos hecho una negociación exitosa con el Corredor Norte y Corredor Sur, respetando la seguridad jurídica, respetando los derechos de los concesionarios, sin subir la deuda pública (...), de esta manera, el Estado y el pueblo panameño recuperan un bien nacional’.

Así se expresaba el Ejecutivo sobre la inminente compra, por parte del Estado, de la totalidad del Corredor Sur y el 51% de las acciones del Norte.

El contrato del Corredor Sur tiene un periodo de vigencia de 30 años, por lo que con o sin la compra el corredor debía retornar al Estado en el año 2025 o incluso antes, si se acreditaba que la empresa hubiese recibido el ‘monto total recuperable’.

Dicho monto de acuerdo al contrato original, asciende a $306 millones de dólares del año 1995 (monto de inversión $222 millones y utilidad razonable de $84 millones); en términos inflacionarios (2% anual), correspondería a 398 millones de dólares actuales y 489.6 millones en el 2024.

La auditoría realizada reflejó un monto recuperado de $180 millones; 136 Millones corresponden a recuperación por tierras recibidas en pago y $44 millones corresponden a ingresos por peajes (De los 228 millones reportados, porque el contrato solo reflejaba 16 a 18 centavos como aporte a la inversión). También se conoció, que las tierras de Punta Pacífica habían sido vendidas de un 19 a 25% menos de su valor original y que si se hubiera hecho a precio de mercado se habrían recuperado cerca de 25 millones de balboas más, aunque menciona, que las operaciones están perfectamente documentadas y realizadas con ‘empresas de reputación’.

ICA, puede solicitar otras 49.1 hectáreas de relleno por diversas compensaciones lo cual afectaría la corriente del litoral, se expandiría más allá de los límites del contrato y repercutiría negativamente en el proceso de saneamiento de la bahía.

Definitivamente, el áudito se queda corto en cuanto a las preguntas de los ciudadanos, porque, pese a que el contrato y las leyes nacionales lo facultan, la Contraloría no ha constatado la veracidad sobre los costos reales de tierras, que en este momento superan fácilmente los mil dólares el metro.

Cuestionable, por decir lo menos, resulta que la misma empresa auditora calcula el rescate administrativo del Corredor en B/.285, 000,000.00, aplicando exactamente los términos del contrato. Luego dice que el rescate podría estar entre 300 y 600 millones.

El gobierno toma como válida la última y más alta cifra de todos los cálculos posibles, afirmando que con 420 millones la compramos al 70% de su valor.

De hecho, si tomamos los 180 millones ya recuperados más los 420 millones, quedamos nuevamente en los 600 millones, cifra que supera en más del 100% el precio real estimado por la misma auditoría, aún agregándole 105 millones de ‘Gastos de Financiamiento’.

Esto sin tomar en cuenta los 146 millones colocados por ICA a manera de bonos en la bolsa de Nueva York. Si estos pasivos son adquiridos por el Estado, la empresa podría tener una ganancia de 736 millones (34% más que lo esperado para el 2024 y 54% más al precio de venta actual).

Si bien las condiciones del contrato original eran desventajosas a la nación, la forma propuesta de compra es, tan o más ‘leonina’ que la misma concesión. Los 600 millones que al final pagaremos, superarán todos los ingresos posibles de ICA al término de su contrato.

Esta venta aunada a la adjudicación por 260.8 millones, ganada por licitación para excavaciones en el Canal y sus intereses en otros proyectos de infraestructuras robustecerán sus finanzas e impulsarán al alza sus acciones.

Para el pago de ambos corredores se colocarán, según el diario Panamá América, 970 millones de dólares en títulos de deuda, cuya colocación financiera de la emisión estará en manos de los bancos HSBC y Global Bank, mientras que para el fideicomiso Norte—Sur se eligió la propuesta de Citibank.

La empresa PYCSA se comprometió a asumir 350 millones de dólares de estas emisiones. Solo el pago de intereses por los bonos emitidos de entre 4 a 6,9% anual, superará lo recuperado anualmente por el estimado de 95 000 vehículos que usan diariamente el corredor en alguna de sus vías.

Si los intereses del pueblo están primero, lo lógico sería negociar la aplicación literal del rescate administrativo y descontar la cifra ya obtenida, con lo que la Nación pagaría en justicia, aproximadamente 218 millones de dólares actuales. Además, de manera responsable, investigar si ha existido o no especulación en los precios de venta de los terrenos o en contratos con terceros e incluir en el contrato de venta el desestimo por parte de ICA de las 49.1 hectáreas que reclama.

El resto del dinero, podría emplearse en su ampliación a tres carriles y, por lo menos, en la disminución del costo del peaje, porque, al precio actual, sólo el 20% de los potenciales clientes puede utilizarlo diariamente.

*ASOCIACIÓN CONCIENCIA CIUDADANA.