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06 de Mar de 2021

Redacción Digital La Estrella

Opinión

Mentiras al descubierto

El pueblo en las calles hizo sentir su rechazo a la política depredadora del ambiente que lleva adelante el gobierno de Ricardo Martinel...

El pueblo en las calles hizo sentir su rechazo a la política depredadora del ambiente que lleva adelante el gobierno de Ricardo Martinelli, además de dejar sentado su descontento ante la falta de atención a las demandas sociales de la mayoría de los panameños.

Pese al amplio rechazo de la población Ngäbe Buglé a la minería y a los proyectos hidroeléctricos que implican daños ecológicos y desalojos de comunidades, el gobierno de Martinelli insiste en aprobar una ley que desconoce los acuerdos del 2011. Así, a través de sus súbditos de la Asamblea de Diputados, eliminó del Proyecto 415 el artículo 5, que contemplaba cancelar concesiones a empresas para proyectos mineros e hidroeléctricos dentro de la Comarca Ngöbe Buglé, tal como establecía el acuerdo entre gobierno e indígenas.

¿A qué se debe esta nueva intransigencia del gobernante? Como de costumbre, a los intereses empresariales de él y sus allegados, que como se ha visto, están por encima de los intereses del pueblo. Hasta la fecha, las concesiones otorgadas resaltan apellidos de los grupos del poder económico, como Hanono, Btesh, Saint Malo y Virzi, entre otros.

Esta semana, medios de comunicación resaltaban que detrás del proyecto hidroeléctrico Tabasará (río homónimo que nace en las entrañas de la Comarca Ngäbe Buglé), que afectará a más de 50 mil personas y unas 45 comunidades, están los empresarios Gabriel Btesh y Felipe Virzi, quienes también fueron asociados al escándalo de titulación del terreno de Paitilla. Esta es la mafiocracia en acción.

Lo anterior, desnuda otra de las mentiras de Martinelli, ‘que no haya hidroeléctricas encarece todo y nos empobrece aún más’. Realmente lo que le preocupa son sus ganancias adicionales.

Según estudios, el país tiene una capacidad instalada de 500 megavatios por encima de los requerimientos presentes; sin embargo, se han entregaron en concesiones hídricas 1,700 megavatios y están en trámite otras 4,500, lo que significa 6 veces por encima de nuestros requerimientos. ¿Para qué? ¿Para quién?

Sin lugar a dudas, para responder al proyecto de interconexión eléctrica planteado en el Proyecto Mesoamericano (anteriormente PP-P), que favorece a las transnacionales. Así por ejemplo, AES, transnacional que impulsa el Proyecto Mesoamericano, ha logrado adjudicarse unas 179 fincas entre la provincia de Bocas del Toro y Chiriquí.

¿A quién beneficia localmente? A los empresarios que poseen las concesiones hídricas, pues la negocian con las transnacionales; a los empresarios del comercio, quienes absorben casi el 45% del consumo nacional, al grado que un centro comercial consume diariamente más energía eléctrica que las provincias de Herrera o Los Santos; a la actividad improductiva, pues el sector industrial sólo demanda un 9%; el consumo residencial es tan solo 32%. Esta es la mafiocracia que asegura sus intereses económicos desde el control de la administración pública.

Los diversos proyectos energéticos no benefician a la población, asfixiada por las altas tarifas de energía, ello, pese a que el 50% de la energía eléctrica que se produce en el país es hídrica. Mientras se generan estos proyectos privados, muchas comunidades no cuentan con agua ni energía eléctrica. En el caso de la población Ngäbe Buglé de las 71,398 viviendas particulares ocupadas donde reside este grupo originario, solo 35% posee el servicio de energía eléctrica proporcionado por una compañía distribuidora.

Estos proyectos han generado en las comunidades indígenas desplazamiento de pobladores, desmejora en la calidad del agua, destrucción de actividades económicas alternas (pesca, agricultura, ganadería), deforestación, impacto negativo sobre los ríos y sus ecosistemas, inundaciones cada vez más constantes.

Lo que gobernantes actuales y pasados han denominado, ‘Política Energética’ en realidad sólo es un conjunto de medidas tendientes a la apropiación y explotación de los recursos hídricos, por parte de los grupos económicos de poder. Los panameños exigimos la implementación de una Política Energética Nacional, que tenga como objetivo priorizar el desarrollo nacional para la mayoría de los panameños.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.