El supremo valor de una constituyente

V arias veces he opinado en favor de elegir una asamblea constituyente como el mejor método para reformar a fondo la Constitución, de suerte que resulte en crear un moderno instrumento que responda a las necesidades y recoja las aspiraciones ciudadanas del siglo XXI. Y es que, así como para los católicos los Diez Mandamientos de la Ley de Dios garantizan la convivencia armónica entre seres humanos, los principios y normas contenidos en una Constitución Política aseguran el orden indispensable para superar el caos de una jungla en donde sobreviva el más fuerte, caiga el débil y progrese el más ‘vivo’. Por muy sabias que aparenten ser esas normas, no deben ser impuestas sin la aprobación expresa de los ciudadanos y considero que la única forma de lograr un consentimiento auténtico es mediante una asamblea constituyente.

A pesar de que se dice que el poder emana del pueblo, de los tres métodos que contempla nuestra Constitución para ser reformada, uno de ellos permite hacerlo sin ninguna intervención de los ciudadanos. Treinta y seis diputados de la actual Asamblea pueden aprobar una ley reformadora, como les venga en ganas, y otros treinta y seis diputados electos en el 2014 podrían ratificarla. Tendríamos una nueva Carta Magna que sería perfectamente legal, pero carente de la fuerza moral del voto popular.

En cambio, mediante una asamblea constituyente los ciudadanos no somos simples espectadores sino participantes activos que ejercemos nuestra voluntad soberana en tres momentos decisivos. En primer lugar, lo hacemos al firmar la solicitud de que se convoque esa asamblea especialísima, solicitud que no implica ninguna preferencia por ninguna bandera política partidista, ni por nadie ni nada en particular. Es una decisión objetiva sin ribetes políticos.

Logrado ese primer paso, corresponde elegir libremente a 60 ciudadanos cuya tarea, en representación especial de cada provincia y cada comarca, redacten el borrador de una nueva Constitución. Para lograr que cada uno de esos representantes de provincias y comarcas disfrute de una credencial legítima y de auténtico respaldo popular, las asociaciones populares, cívicas, profesionales, gremiales, políticas o de cualquier otra índole deben activarse para promover en cada circunscripción las candidaturas de personas capaces, bien intencionadas, dignas de confianza. Esta activa participación de los ciudadanos es un requisito esencial para que, entre todos, de verdad diseñemos nuestro propio destino y tracemos el camino para lograrlo.

El último paso es someter el resultado de esas deliberaciones a un referéndum para que podamos manifestar, directamente y sin intermediarios, nuestra soberana voluntad de aprobar o no la nueva Constitución que se nos propone. Se culminaría así un proceso legitimador mediante el cual elegimos a ciertas personas para una tarea muy especial y definida, y luego nosotros mismos calificamos su trabajo con un Sí o un No.

De no hacerlo así, sólo nos queda el tercer camino: ponernos en manos de la actual Asamblea Nacional y confiar en el ‘menú’ de cambios que ella quiera presentarnos, con todos los sabores azucarados, ácidos, amargos o insípidos que se le ocurra. Ya ese sistema fracasó hace unos años cuando los diputados decidieron incorporar, a un paquete de reformas bien intencionadas, toda clase de adiciones que respondían a intereses muy individuales y particulares que desvirtuaban los buenos propósitos iniciales de aquellas reformas propuestas. La consecuencia fue un rechazo categórico en el referéndum subsiguiente, resultando en una pérdida de tiempo, dinero y recursos.

Sospecho y vaticino que las reformas propuestas por los Notables no escaparán de la misma triste suerte en la actual Asamblea. Sería un fiasco costoso, inútil y frustrante que podemos evitar con una asamblea constituyente.

EXDIPUTADA DE LA REPÚBLICA.